Cada vez más hechos confirman el intento del Gobierno nacional por dejar impune el asesinato de Rafael Nahuel. A la reiteración sistemática del relato sin pruebas ni fundamentos sobre la existencia de un enfrentamiento entre los integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura y habitantes mapuches de la comunidad en Villa Mascardi, Bariloche, se suma la designación de un abogado del riñón del macrismo para que ejerza la defensa del Cabo Primero Francisco Javier Pintos, el más comprometido de los uniformados en el asesinato del joven Rafael Nahuel.
Marcelo Hugo Rocchetti, un abogado al servicio del núcleo duro del macrismo y teléfono abierto con el Presidente de Boca y operador judicial Daniel Angelici, asumió la defensa del Cabo Primero de la Prefectura, sobre quien pesan todas las pruebas del homicidio.
Santiago Rey en "Habrá Consecuencias", por El Destape Radio
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Pintos es el efectivo que el 25 de noviembre de 2017 disparó en más de 50 oportunidades con munición 9 mm y de cuya arma de guerra subfusil MP5 salió el proyectil que mató a Nahuel, de acuerdo al resultado de la examen balística realizado por prestigiosos peritos.
Es también, en el marco del expediente judicial, el más complicado de los uniformados, a pesar que el Juez Federal Leónidas Moldes procesó a cinco integrantes de Prefectura bajo la figura de “homicidio cometido con exceso en la legítima defensa”, es decir que tomó el relato del ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich sobre la existencia de un enfrentamiento.
Desde el minuto uno posterior al asesinato, los miembros del grupo Albatros contaron con la asistencia de ese ministerio para el ejercicio de sus respectivas defensa. Inicialmente, Pintos fue representado por Fernando Soto, mano derecha de Bullrich, quien hace pocos meses lo instaló al frente de la Dirección de Ordenamiento y Adecuación Normativa de las Fuerzas Policiales del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Soto acompañó a Pintos en la indagatoria del 5 de julio de 2018 y abandonó la defensa del Albatro poco después de aquella indagatoria.
Sin que tomara estado público hasta esta nota de El Destape, durante el mes de febrero Pintos revocó la representación de la abogada Alejandra Elvira Bussetti, y nombró en su reemplazo a Marcelo Hugo Rocchetti y Marcelo Alejandro D'Angelo.
Rocchetti fue hasta mediados de agosto del año pasado Jefe de Gabinete del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, un funcionario de segunda línea de la estructura gubernamental bonaerense.
El abogado se vio forzado a renunciar a su cargo, luego de ser denunciado por la Diputada Elisa Carrió, quien aseguró que integraba una “asociación ilícita” junto al operador judicial Alfredo “Freddy” Lijo, hermano del Juez Ariel Lijo.
Rocchetti organizaba los negocios derivados de los vínculos entre la política y la justicia, a través de una aseguradora de autos, llamada Caledonia.
Antes de convertirse en funcionario bonaerense, Rocchetti cumplió otras funciones para el macrismo: fue abogado del jefe de la barra brava de Boca, Rafael Di Zeo, en una causa por “coacción agravada por el uso de armas".
En ese expediente Di Zeo fue condenado y debió purgar pena en la cárcel de Ezeiza. “No es un delincuente, está pagando por la fama que le hicieron”, dijo públicamente en esa ocasión el abogado sobre el jefe de la barra brava de Boca.
El vínculo de Rocchetti con el macrismo lo había llevado previamente a ocupar el cargo de responsable de la seguridad de la Legislatura porteña, en 2008, pocos meses después del triunfo de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
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