El caso Correo Argentino es uno de los que arrastra Mauricio Macri tras dejar la presidencia. Luego de que la fiscala Gabriela Boquin lograra impedir que el ex presidente le condonara a su familia más de 70.000 millones de pesos de la histórica deuda que tienen con el Estado, y tras denuncias de vaciamiento y nuevas dilaciones por parte de la familia Macri, a finales de 2019 la empresa fue intervenida a medias: nombraron un coadministrador y dejaron a todos los directivos de la familia Macri. Ahora, Boquin presentó un escrito donde pidió que se desplace a toda la administración de la empresa para evitar que continúen con las maniobras de vaciamiento y ocultamiento de información.
La intervención de Correo Argentino llegó a finales de 2019, luego de 18 años en los cuales la familia Macri no sólo evitó pagar sus deudas con el Estado sino que se dedicó a vaciar la empresa y a ocultar información a la Justicia. Para llegar a la intervención, que fue parcial y tardía, fue clave el trabajo de la fiscala Boquín.
En abril de 2019, Boquin denunció la existencia de gastos millonarios por parte de Correo Argentino que tenían como destino a directores de la empresa, estudios de abogados y consultoras y empresas de publicidad que, en muchos de los casos, tenían vinculaciones con el holding Macri y que por entonces eran importantes miembros del Gobierno de Mauricio Macri. Ante esto requirió la intervención de la empresa.
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El Destape informó que la intervención de Correo Argentino fue tarde y a medias ya que los alfiles de la familia Macri continuaron en sus funciones dentro de la empresa y que el interventor fue designado de forma irregular. Pese a todo, el interventor elaboró ya 3 informes en los que detalló más irregularidades de las que denunció Boquin a lo largo de estos años. Con este panorama, la fiscala pide ahora que se intervenga judicialmente Correo Argentino, desplazando a todos los directivos que responden a la familia Macri “a los fines de evitar nuevas maniobras dañosas a los intereses de los acreedores”. En el escrito, al que accedió El Destape, el pedido es que se designe por sorteo un interventor judicial “con desplazamiento total del órgano de administración hasta que concluya el procedimiento de salvataje”.
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Respecto a la designación de un nuevo interventor judicial la fiscala Boquin solicita que se haga por sorteo. Tiene sentido la precaución ya que, tal como informó El Destape, la jueza Marta Cirulli (ella misma imputada en el vaciamiento de Correo Argentino) designó a dedo al actual coadministrador Carlos Ángel María Ferrario. Es un ex juez comercial que trabaja en un estudio de la city porteña y es árbitro de la Bolsa de Comercio. Según Cirulli “no existe reglamentación administrativa para el nombramiento de coadministradores”. Pero no es cierto. En la resolución 528 del 2005 el Consejo de la Magistratura estableció que “en los casos en que corresponda la intervención de un profesional, los Tribunales nacionales y federales de todos los Fueros con sede en la Capital Federal deberán designarlo por sorteo entre los integrantes de las listas auxiliares de la Justicia remitidas por las entidades profesionales”. La jueza Cirulli tomó su nombre del listado entregado por el Colegio Público de Abogados, pero informó que no hizo ningún sorteo. Ahora la fiscala Boquin pide que se respete el sorteo.
La fiscala funda su pedido de intervención judicial en que “podrían producirse otros actos que continúen agravando la situación patrimonial de la concursada, disminuyendo su activo y perjudicando a los acreedores en un eventual escenario falencial teniendo en cuenta la posibilidad de fracaso del cramdown y la inmediata quiebra de Correo Argentino SA”.
El concurso de acreedores de Correo Argentino lleva más de 18 años, en los cuales los Macri desplegaron una batería de maniobras para, primero, evitar pagar su multimillonaria deuda con el Estado y, luego, el intento de condonar esa deuda que ejecutó el ex presidente. En su último escrito Boquin repasa, una vez más, la “elongación de los plazos” que afectó a a los acreedores de los Macri, en especial al Estado Nacional, la AFIP y el Banco Nación, las maniobras de compra de acciones y alquileres entre empresas del grupo Macri para vaciar Correo Argentino, las “conformidades fraudulentas” a la propuesta de pago que implicaba la condonación de más de 70.000 millones de pesos, entre otras irregularidades del caso.
Tal como informó El Destape, el 6 de septiembre del año pasado la Sala B de la Cámara Comercial dejó a la empresa de la familia Macri al borde de la quiebra. Con 15 años de demora, pero fue un avance. En concreto, las juezas Maria Lilia Gomez Alonso y Matilde Ballerini, engranajes fundamentales en el letargo de esta causa, dispusieron “la apertura del Registro de cramdown” o salvataje. El cramdown implica el llamado público a ver si alguien quiere comprar una empresa que no logra ordenar sus deudas, en este caso Correo Argentino. Si eso falla, el siguiente paso es decretar la quiebra. En su nuevo escrito la fiscala Boquin recuerda que es la segunda vez que se pide el “salvataje” de Correo Argentino, que no se puede utilizar un concurso de acreedores para “que el deudor se libere de sus obligaciones mediante el pago de sumas insignificantes, evitando las consecuencias de la declaración de quiebra” y que los Macri se negaron sistemáticamente a brindar información a la Justicia.
Los 18 años que pasaron sin que se resolviera el caso Correo Argentino sirven, para la fiscala Boquin, “no solo para licuar pasivos sino que además se quiere utilizar como un manto de impunidad para frustrar cualquier investigación”.
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