Mauricio Macri está empecinado en que la causa por la deuda de su familia con el Estado por el caso Correo Argentino no avance. Pese a que esta semana la propia Corte Suprema falló en contra de su estrategia dilatoria, Macri mandó al procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías a presentar dos escritos donde solicita por enésima vez aclaraciones sobre la propuesta de pago que hace la familia Macri. A su vez, las juezas Maria Lilia Gomez Alonso y Matilde Ballerini, que hace 18 años demoran esta causa conchabadas con Macri, le mandaron todo el expediente al juez Ariel Lijo,que quiere hacer un informe técnico sobre la deuda pese a que la Corte está trabajando en eso y que esos datos ya constan en la causa. Frente a todo esto, la fiscala general Gabriela Boquin insiste en avanzar con la causa, presentó un escrito donde solicita que el juez Lijo devuelva rápido el expediente y reveló que Correo Argentino presenta balances irregulares desde 2007.
La maniobra ejecutada por el procurador del Tesoro Saravia Frías es Macri puro. Saravia Frías pasó de ser abogado de los Macri a conservar ese trabajo, pero con patente de funcionario cuando reemplazó en el cargo a Carlos Balbín, primer procurador del Tesoro nombrado por Macri. ¿El motivo? Correo Argentino y la postura de Balbin de que la propuesta que hizo la familia Macri al Gobierno de Macri era nociva para el Estado y que, además, debían computarse intereses en esa deuda que hace poco cumplió 18 años. Cuando Saravia Frías desembarcó en la Procuración del Tesoro (PTN), dijo: “Lo de Correo hay que arreglarlo”. Hasta ahora, cumplió con demorar la causa al máximo, con presentaciones donde reclama aclaraciones donde no hay nada que aclarar. Esta semana, como informó El Destape, la Corte Suprema falló por unanimidad que no había ningún motivo para dilatar la respuesta del Estado frente a la última propuesta de pago de la familia Macri. Insistente, ahora Saravia Frías presentó dos nuevos escritos donde, otra vez, pide aclaraciones.
Por otro lado, las juezas Gomez Alonso y Ballerini volvieron a enviarle el expediente completo al juez Lijo. A principios de septiembre Lijo ordenó que se realice un informe técnico contable para determinar lo que ya está comprobado en el expediente, es decir, si la propuesta que aceptó el Gobierno de Macri en la que se le condonaban más de 70.000 millones de pesos a la familia Macri fue abusiva para los intereses del Estado. En el expediente ya consta el trabajo que hizo Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal. Y, además, los peritos de la Corte Suprema ya están realizando un peritaje sobre el vaciamiento de Correo. El juez Lijo dispuso que el informe lo haga la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), la miniSide que en teoría depende de la Corte, bajo la presidencia del camarista Martín 'Doctrina' Irurzun y cuyo responsable del día a día fue Juan Tomás Rodriguez Ponte, ex secretario de Lijo.
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Ante todo esto, la fiscala Gabriela Boquin presentó un dictamen donde solicitó que Lijo devuelva el expediente a la Cámara Comercial en 5 días, insistió en que se resuelvan cuestiones de este caso que tienen fallos de hace 15 años e informó que Correo Argentino no presenta sus balances desde 2007.
Boquin recordó que se encuentra firme el fallo de la Cámara Comercial del 27 de octubre de 2004 (hace casi 15 años) “que ordenó la apertura del procedimiento de salvataje” sobre Correo y que el tiempo para propuestas de parte de la familia Macri está totalmente vencido hace 13 años, “no resultando posible seguir debatiendo nuevas propuestas”. Y que Saravia Frías “a través del decreto 201/2017 (que regula los conflictos de interés) ha pretendido justificar esta dilación de más de dos años, lo cual es irrazonable porque, en pos de una supuesta transparencia se perjudica al Estado Nacional y se beneficia a la concursada”.
Falta ver que hacen ante todo esto las camaristas Gomez Alonso y Ballerini. Esta semana, Gómez Alonso participó de la presentación del anteproyecto del Nuevo Código Procesal Civil y Comercial ya que integró su comisión redactora. Allí, Macri dijo: “Si la Justicia es lenta, no es Justicia; y si no es independiente, tampoco”. No hay metáfora que valga para resumir la imagen de Macri diciendo esa frase ante la jueza que hace 18 años le permite evitar una multimillonaria deuda con el Estado. Tampoco si se agrega que la hija de la jueza, Agustina Díaz Cordero, coordinó la redacción del proyecto cuando era asesora del ministro de Justicia Germán Garavano, de donde salió para convertirse en jueza gracias a un concurso plagado de irregularidades digitado por la jueza Graciela Medina, esposa de Julio César Rivera, abogado histórico de los Macri también imputado por el vaciamiento de Correo Argentino. Todo se encadena.
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