En marzo, el Gobierno le pidió a la Justicia suspender la negociación de la deuda de Correo Argentino para después de las PASO. El lunes venció el plazo requerido y en ningún momento de estos seis meses las magistradas que llevan la causa dieron una respuesta positiva ni negativa. La inacción le permitió a la familia de Mauricio Macri licuar aún más el pasivo que no le paga al Estado desde 2001.
Ante la salida a la luz del escándalo de Correo Argentino, el propio Presidente pidió deshacer el acuerdo para condonarle a la compañía $ 70.000 millones, firmado por los ejecutivos de la empresa y funcionarios públicos.
La sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial fijó una nueva audiencia para el 16 de marzo, pero esa misma mañana un representante del ex Ministerio de Comunicaciones, encabezado por Oscar Aguad, presentó una solicitud para demorarla 120 días, que se pueden presuponer hábiles ante la falta de aclaración.
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María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini le remitieron el requerimiento a todas las partes intervinientes para que lo sometieran a análisis. Esto incluyó a los síndicos y la Procuración del Tesoro de la Nación, lo que derivó en la renuncia de Carlos Balbín y el ingreso de Bernardo Saravia Frías, titular del estudio de abogados que le brindaba servicios al Grupo Macri.
A su turno, la fiscal general Gabriela Boquin rechazó el planteo por considerarla una nueva herramienta para dilatar la resolución de la causa, que lleva 16 años en la Justicia en detrimento de los intereses del Estado. Además, apuntó contra la magistrada de primera instancia Marta Cirulli por permitir el vaciamiento de la compañía postal.
Por las denuncias de Boquin, el fiscal penal federal Juan Zoni la imputó junto al Presidente, Aguad y ejecutivos de la familia Macri en una causa que lidera el juez Ariel Lijo en Comodoro Py.
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Por vencido el plazo, poco resta para que Gómez Alonso de Díaz Cordero y Ballerini determinen que la solicitud se volvió abstracta; es decir, que no pueden fallar a favor o en contra de una prórroga que se proporcionó de hecho ante su inacción. Luego deberán intimar al Gobierno a que en los próximos días acuerde una nueva fecha para la audiencia con Correo Argentino y la Justicia.
La familia Macri consiguió aplazar una vez más el pago de la multimillonaria deuda que mantienen con el Estado y el resto de sus acreedores. En un cálculo que Boquin le delegó a la Dirección de Asesoramiento y Análisis Financiero Integral (DAFI), ésta estimó en $ 70.000 millones el recorte del pasivo había firmado el año pasado el gobierno de Cambiemos con las autoridades de Correo Argentino en un plan de pagos a 30 años.
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