La fiscal que destapó la escandalosa condonación de deuda que había firmado en secreto el Gobierno con Correo Argentino, exigió que se deje de dilatar la causa y se llame a una rápida audiencia. Denunció múltiples y continuos abusos en el expediente que favorecieron solamente a la empresa de la familia de Mauricio Macri.
Gabriela Boquin, fiscal general de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, rechazó de plano el pedido del Gobierno de aplazar 120 días la audiencia para llegar a un acuerdo del pago de la deuda de Correo Argentino. Esta prolongación fue requerida por el Ministerio de Comunicaciones, luego de haber pedido el propio Presidente “volver a foja cero” de la causa.
La funcionaria del Ministerio Público cuestionó que el pedido de suspensión “carece de apoyatura legal” y criticó el apoyo de la Sindicatura General, la sindicatura controlante y de Correo. Es más, explicó que el paso del tiempo tiene la consecuencia principal de que licúa el crédito, lo que perjudica a los acreedores, “por lo que la medida sólo favorece a Correo Argentino”.
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Las conformidades de postergar por 120 días hábiles la reunión para cerrar un acuerdo “es un ejemplo más del status de excepción del que ha gozado la concursada (Correo) y al amparo del cual continúa actuando en su exclusivo beneficio”.
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“Las razones esgrimidas por el Estado en su pedido de suspensión carecen de sustento legal y no puede seguir avasallándose la normativa concursal e incumplirse los plazos legalmente previstos en un evidente abuso del proceso, distorsionando el mismo”, arremetió. Boquin destacó que las normas “no son modificables por las partes”, aún cuando exista común acuerdo.
Según reveló en su dictamen de 148 páginas firmado hoy, “en el proceso todo estuvo permitido y convalidado, convirtiéndose la excepción en norma, al sumarse ante cada petición más particularidades, violándose el orden público concursal”. El expediente lo llevan las juezas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, de la Sala B de la Cámara, quienes hace 15 años manejan los tiempos de forma laxa.
Boquin denunció que las medidas que se han tomado afectaron el principio de igualdad ante la ley: “Otro deudor concursado no gozaría de las prerrogativas, prórrogas y dilaciones que se le han concedido a Correo Argentino SA, ni de una prolongación sine die de su período de exclusividad”.
Además, esgrimió contra el “carácter abusivo de la propuesta” formulada por Correo y solicitó que se dicte pronta sentencia en contra del pedido del Ejecutivo.
En su escrito del 31 de diciembre, Boquin ya había manifestado indicios serios de “manipulación de las mayorías” de acreedores, en favor de Correo. En este documento detalló quiénes son los 354 demandantes que les brindaron poderes a abogados para que litiguen a su favor. Aquí Boquin reveló un claro y estrecho vínculo entre la mayoría de los representantes y la empresa de la familia Macri, lo que explica que hayan ayudado a la compañía a estirar los plazos tres lustros y licuar el dinero.
Diego Teglia representa a 51 sociedades y trabaja en conjunto con Claudio Lehman y Fernando Carnevale, quienes llevan la causa por 33 y 19 firmas, respectivamente. Como consta en el expediente, estos dos últimos fueron miembros del directorio de Correo en varios períodos.
A su vez, Teglia posee domicilio laboral en Tucumán 1650, piso 2 F, que es el mismo declarado por varios representantes más, como Gabriela Di Ciommo, Claudio Lehmann (también ex director titular de Correo) y Miguel Mac Cormack, entre otros.
En una segunda resolución de 44 hojas, la fiscal pidió que se unifiquen otras las 11 causas abiertas por Correo Argentino y que sea corrida del expediente la jueza que le autorizó extracciones a Correo Argentino durante el concurso de acreedores.
Por otra parte, Boquin notificó que le remitió copias de la presentación del Estado y sus dictámenes a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que investiga delitos de corrupción, y a la Justicia Federal Penal, para que se investiguen posibles delitos por parte de los apuntados.
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