El Poder Judicial tuvo su primera resolución avalando un impuesto a las grandes fortunas en la Argentina. El juez en lo Contencioso Administrativo de Dolores, Antonio Escobar, rechazó esta mañana una medida cautelar pedida por el diputado bonaerense de Juntos por el Cambio Luciano Bugallo para evitar que el municipio de Castelli cobre mañana una “contribución extraordinaria” a los productores rurales para financiar la duplicación de la capacidad hospitalaria en ese distrito.
En el escrito, el magistrado observa, entre otros argumentos, que incluso en épocas de normalidad son excepcionales los casos en los que se puede suspender la percepción de un impuesto por vía cautelar, y que en ese sentido, en el marco de una “situación declarada de emergencia sanitaria”, existe “mayor razón” para rechazar una medida de este tipo contra “una tasa cuya finalidad expresa está llamada a atender los gastos necesarios para una mejor prestación del servicio de salud”.
La cautelar había sido presentada por Bugallo, un militante de la Coalición Cívica que obtuvo notoriedad por su activismo en las redes y consiguió una banca en la legislatura provincial el año pasado. Vinculado al grupo ruralista Campo Más Ciudad, estuvo entre los organizadores de los tractorazos y del paro sojero convocado en respuesta al aumento de tres puntos en las retenciones a los grandes productores de soja. En esta ocasión, Bugallo actuó judicialmente para evitar el impuesto a los terratenientes de Castelli. Coherencia.
Uno de los argumentos del diputado lilito es que ese tipo de tributos a las grandes fortunas atentan contra el principio de igualdad ante las cargas públicas, algo que se repitió en las discusiones preliminares sobre la posibilidad de que el Congreso Nacional apruebe un impuesto extraordinario para financiar la lucha contra el coronavirus. Sin embargo, el juez rechazó de plano esa pretensión, explicando que en caso de entrar en conflicto con los derechos a la vida o la salud, deben prevalecer estos últimos.
“En la tensión entre el derecho a la vida y la salud y la eventual igualdad ante las cargas públicas ha de prevalecer la solidaridad de aquellos que pueden contribuir, sin que ello denote un riesgo a su supervivencia económica”, asegura el juez Escobar, siempre y cuando ello “no implique la supresión del derecho a la propiedad”. Algo que no corre para el proyecto de Castelli, que cobra hasta 36 mil pesos a los dueños de más de mil hectáreas. Ni a los proyectos que evalúa el bloque de diputados del Frente de Todos, llegado el caso.
El magistrado destaca además que “el principio de igualdad ante las cargas públicas no debe quedar reducido a un concepto gramatical de alcances matemáticos” sino que se trata de “igualdad frente a los que están en iguales condiciones” y que no debe “tampoco interpretarse como ajeno o desvinculado al principio de equidad en atención a las circunstancias históricas”. Un contundente revés para los planes de quienes buscan limitar la capacidad del Estado para responder a esta crisis.
La contribución extraordinaria en Castelli se cobrará mañana. Otro intento de detenerla mediante forum shopping, denunciado por El Destape, concluyó esta mañana con el apartamiento de la jueza Daniela Galdos por incompatibilidad manifiesta: Galdos no solamente es, ella misma, dueña de campos, sino que también guardaba una notoria amistad con uno de los peticionantes. Ante el aval de los tribunales, otros municipios se preparan para imitar el impuesto. En los próximos días, seguramente, habrá novedades.
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