En medio del período de aislamiento social preventivo y obligatorio, este lunes el sector de la UCR presentó una carta dirigida al presidente Alberto Fernández en la que sugieren medidas de alcance económico y social, entre las cuales solicitan la reanudación de la actividad parlamentaria, la convocatoria al Consejo Político Económico y Social y un impuesto a las grandes fortunas.
Después de que la idea causara gran impacto, el ala progresista del radicalismo tomó el guante y apoyó la idea de la implementación de un "impuesto de emergencia a las grandes fortunas" que habían propuesto días atrás legisladores del Frente de Todos.
El texto, firmado por dirigentes del ala progresista del radicalismo entre los que se encuentran Federico Storani, Juan Manuel Casella, Miguel Ponce, Enrique Illia, Jorge Sappia, Enrique Illia y Mario Cimadevilla, entre otros, hace una profunda crítica a quienes en situación de crisis sanitaria protegen la concentración de la riqueza antes que la redistribución.
En ese sentido, aseguraron que acuerdan con el objetivo de establecer un “impuesto de emergencia a las grandes fortunas” por única vez y considera impulsar una "reforma del sistema tributario por uno más progresivo, simple y efectivo, basado en tres ejes".
"Desdoblar el Impuesto a las Ganancias en Impuesto a las personas físicas: progresivo, revisando alícuotas y gravando con un porcentaje superior las altas rentas); e Impuesto a las personas jurídicas y empresas: disminuyendo las alícuotas que recaen en el precio pagado por los consumidores", describe el texto.
También postularon disminuir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para que no sobrepase el 8% y que sean las provincias las encargadas de su administración y distribución, además de reformular el Impuesto del Patrimonio Inmobiliario.
"Reformulados estos tres impuestos principales, podrían revisarse a la baja las alícuotas de otros distorsivos: eliminar impuesto al cheque, bajar retenciones a las exportaciones, ingresos brutos y combustibles, asegurando una recaudación aún mayor que la actual", explicaron.
Críticos de la concentración "escandalosa de la riqueza" y afines a la redistribución, aseguraron que "la amenaza hacia la democracia asume la forma de un discurso racionalizador del gasto". "Señalan defectos virtuales o evidentes, pero en realidad buscan erosionar la institucionalidad, defender los mega negocios y la evasión y asegurar el statu quo de la concentración escandalosa de la riqueza. Son de una irresponsabilidad temeraria y agitan un clima social que puede ser peligroso para la convivencia", expresaron.
El documento manifiesta que es necesario evitar la interrupción total de la producción y la cadena de pagos y ampliar la participación de organizaciones de la sociedad civil en el Consejo Político Económico y Social, "con eje en la coyuntura para asegurar el alimento y el abrigo, pero también para iniciar ya la actividad económica".
Según aclararon, las ideas tienen como objetivo "frenar" los ataques a la institucionalidad, "ampliando la base de sustento democrático y produciendo a la vez las acciones necesarias que no sólo permitan una baja del gasto sino la mejora del sistema político en su conjunto".
Además, manifestaron que es menester garantizar un acuerdo entre pymes y empresas de la producción con los gremios y el gobierno "para preparar la reanudación parcial de actividades mediante pruebas piloto con control sanitario".
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