Alberto Fernández anunció que el Gobierno trabaja en un proyecto para dar respuesta a las demandas de los nueve millones de inquilinos en la Argentina, un sector que espera soluciones para afrontar la pandemia del coronavirus y su consecuente aislamiento social preventivo. El vencimiento de los contratos, su extensión, la necesidad de mudarse (aunque ahora no se puede por la cuarentena), los pagos mediante transferencia y posibles desalojos son algunos de los puntos centrales a resolver lo antes posible.
El Presidente confirmó en Telefé que Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica, está trabajando en un proyecto del Poder Ejecutivo para congelar alquileres e impedir desalojos por 180 días. En cuanto a los créditos hipotecarios, buscarán prohibir ejecuciones y congelar cuotas, además del establecimiento de un sistema por el cual los ajustes se puedan prorratear en lo que queda de contrato o ahorro, dependiendo el caso.
Las demandas ya habían sido expresadas por la Federación de Inquilinos Nacional. Dentro de los puntos, exigieron medidas para el sector por el plazo de 60 días, como la transferencia bancaria obligatoria para el pago de alquiler y expensas; la suspensión de intereses de expensas y alquileres; la extensión automática de los contratos de alquiler; suspensión de desalojos; congelamiento del precio de los alquileres; suspensión de pago de los alquileres para trabajadores informales, desempleados y hoteles familiares y la creación del Comité Nacional de Emergencia Habitacional.
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Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos, le dijo a El Destape que la situación es delicada. Además de las demandas planteadas, unos 20.000 contratos vencerán durante el aislamiento social obligatorio y muchas personas no encuentran una solución habitacional ante ese escenario. Además, están recibiendo muchos mensajes por pedidos de desalojo en un plazo de 48 horas ante la imposibilidad de pagar el alquiler, cualquiera sea el motivo (muchos se quedaron sin trabajo o no pueden hacer las changas para ganar el dinero del día a día).
Ante este escenario, Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, explicó a este medio que en los próximos dos días harán un análisis de situación a nivel general para elevar propuestas al Poder Ejecutivo y hacer frente a esta delicada situación.
Las iniciativas, adelantó Bennazar, girarán en torno a la digitalización de los contratos y firmas para avanzar con los trámites, así como los cobros de alquileres a distancia, con la posibilidad de habilitar el pago desde el hogar ya que las inmobiliarias no están funcionando para cumplir con el aislamiento social obligatorio.
Según explicó a El Destape, con el avance de estas medidas se podrían poner en funcionamiento el 99% de las operaciones llevadas adelante por estas entidades. De todos modos, advirtieron desde la Federación de Inquilinos, las mudanzas hoy no están habilitadas como para llevar a la práctica un contrato firmado recientemente.
Para la entrega o recepción de la propiedad, dijo el titular de la Cámara Inmobiliaria, se deberá trabajar con las diversas áreas del Gobierno - Salud principalmente - para ver cómo llevarlas a cabo en este escenario de pandemia. Sin embargo, Bennazar hizo foco en que si se avanza con las firmas digitales para los contratos, el propietario, inquilino, garante y los empleados de la inmobiliaria no tendrán que moverse de sus casas, lo que facilitaría el proceso, incluso para una extensión de los mismos.
La digitalización de contratos y firmas ya fue desarrollada el año pasado pero no se pudo aplicar por la crisis económica dejada por el macrismo por lo que, de aprobarse la iniciativa, podría ponerse en funcionamiento con cierta celeridad. Los costos son bajos, explicó, pero si el Estado toma parte en el asunto podrían reducirse aún más y facilitar el proceso. Lo más complejo es otorgar firmas digitales a las personas físicas, por eso será necesario un trabajo conjunto con el Gobierno.
De todos modos, sostuvo Bennazar, si la cuarentena termina el 31 de marzo o el 12 de abril, se pueden estirar los plazos de pagos para seguir haciéndolos de forma presencial, al igual que con renovaciones de contratos o firmas de nuevos convenios. Esa extensión dependerá de la voluntad manifestada por inquilino y propietario para llevarla adelante.
Si bien los distintos sectores plantearon sus posturas, el escenario podría cambiar rotundamente con el anuncio de Fernández, que fue celebrado desde Inquilinos Agrupados como un "avance" para todos los inquilinos.
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