A contramano de las políticas de la Nación respecto al congelamiento de las tarifas de servicios, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti aumentó desde el 1 de enero los servicios de luz y agua; además de un paquetazo en los impuestos provinciales que va desde el 41% hasta el 58%.
En el caso de la energía eléctrica, el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) autorizó a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) a aplicar desde el primer día de 2020 una suba promedio de la tarifa residencial de casi el 8%. Para el sector comercial y de servicios, el aumento será del 8,43%.
En 2019 la tarifa de luz aumentó cinco veces según el índice de precios al consumidor (IPC) que mide la Provincia: 11,5% en enero, 12,9% en febrero, 9,24% en julio, 8% en octubre y 5,5% en noviembre. En total, la suba de la luz en la Capital llegó al 58,14%, ya que al acumulado del 47,14% se le debe sumar la suba por el Valor Agregado de Distribución (VAD) y comprende los costos de de transporte y distribución de la energía que recibe o genera y que luego prorratea entre los clientes.
Los aumentos en las boletas de luz se dan pese a que la Nación dispuso el congelamiento del precio mayorista al que compra EPEC a CAMMESSA. Es que la eléctrica cordobesa traslada a los usuarios los costos de distribución.
Un departamento con dos habitaciones paga en promedio mensual cifras que oscilan los $ 2.000 por el servicio de luz. Los usuarios del centro, barrios periféricos y de countries y barrios cerrados tienen el mismo cuadro tarifario.
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El ERSeP también avaló un incremento del servicio de agua potable en la ciudad de Córdoba del 12,14%; a lo que hay que sumarle 9% para obras de infraestructura, por lo que el tarifazo será del 23%. El servicio está privatizado, hasta 2027 lo explota el Grupo Roggio con su empresa Aguas Cordobesas. El gobernador Juan Schiaretti ordenó el traspaso del servicio de la Provincia a la Municipalidad de Córdoba, y el pasado viernes 27, en una maratónica sesión que debatió la megaordenanza que le dio superpoderes al intendente Martín Llaryora, se aprobó en primera lectura la municipalización del servicio, aunque siga en manos privadas otros ocho años.
El aumento del agua comprende los meses desde abril hasta agosto de 2019, por lo que aún quedarán pendientes de aplicación, para completar el año, los incrementos relacionados con el desfasaje del último cuatrimestre.
A la suba del 12,14% de Aguas Cordobesas se le agrega otro aumento: el FISAP, una partida destinada a obras de infraestructura que debería hacerse cargo la empresa concesionaria y no los usuarios: será del 9% hasta junio y del 16% entre julio y diciembre. Desde el Gobierno de Schiaretti anunciaron que esos montos serán destinados a “obras nuevas o preexistentes de infraestructura e inversiones vinculadas a la prestación del servicio de agua potable y de obras hídricas que permitan garantizar el suministro en el ámbito de la Capital”.
Desde el Gobierno de Córdoba se excusaron de hablar sobre los aumentos en el agua y la energía eléctrica, porque “Aguas Cordobesas es una empresa privada y EPEC, si bien es estatal, es una empresa autárquica. Ambas empresas cumplieron con el requisito de elevar las solicitudes de aumento al Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP), y fue este organismo el que autorizó las subas, previa discusión de los vocales del oficialismo, la oposición y de los ciudadanos”.
Subas en el Inmobiliario Rural de hasta 77%
Además de los servicios, el gobierno de Juan Schiaretti –el único gobernador peronista que no apoyó al Frente de Todos- aprobó aumentos del 41% para el 67% de los contribuyentes en el Impuesto Inmobiliario Urbano. Otro 30% de los vecinos pagará subas del 44% y el 3% restante tendrá un aumento del 58%. Los grandes baldíos, en tanto, tendrán aumentos de hasta el 300% y habrá exenciones impositivas a los sectores vulnerables.
El Impuesto Inmobiliario Rural, en tanto, subirá en forma escalonada entre el 46% hasta el 77%.
Frente a esta suba se impuestos y servicios por parte del gobernador Schiaretti, desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APyME) reclamaron que el Estado cordobés adhiera a la política de congelamiento dispuesta por el presidente Alberto Fernández: “Todas y todos sabemos que la situación no es la mejor, pero al igual que la Nación, el Gobierno de Schiaretti debería frenar los aumentos en materia de servicios públicos para que el esfuerzo no lo sigan haciendo quienes menos tienen y las PyMES”, señaló el diputado del Frente de Todos, Eduardo Fernández y presidente nacional de APyME.
En un encuentro ante un centenar de empresarios PyME de toda la provincia e intendentes del interior cordobés, el dirigente empresarial indicó que “es necesario que en Córdoba no se nos haga más difícil producir pagando costos de servicios muchos más altos que el resto del país”. Por caso, la energía que se paga en Córdoba es una de las más caras del país.
“La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que votamos en el Congreso trae alivio a los sectores perjudicados por el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, e invita a las provincias a adherir a políticas como por ejemplo el freno a los tarifazos. Si en el Congreso, los diputados del gobernador Juan Schiaretti no se expresaron en contra de esta idea, tengo la esperanza de que congele las tarifas provinciales que volvieron a aumentar” criticó Eduardo Fernández.
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