Llegaron con una orden de allanamiento firmada por el juez federal Ricardo Bustos Fierro y subieron directamente al segundo piso de la Municipalidad de Córdoba, donde funciona la Secretaría de Economía. A la misma hora, otro grupo de agentes de la División de Delitos Económicos de la Policía de Córdoba con sus chalecos azules y letras blancas hacía lo mismo, en el Tribunal de Cuentas municipal en calle 27 de Abril, frente al Palacio 6 de Julio. Del operativo también participaron agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El allanamiento ordenado por la Justicia federal a las sedes municipales apunta a una investigación por presunta corrupción cometida durante el gobierno del ex intendente radical Ramón Javier Mestre en la empresa municipal Córdoba Recicla Sociedad del Estado (CReSE), en el Ente Municipal de Servicios y Obras Públicas (ESOP) y en el gremio de los recolectores de residuos SURRBaC.
La causa fue iniciada durante el 2019, cuando Ramón Javier Mestre era intendente y es una derivación de la causa del Sindicato Unico de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba, cuyos líderes, el secretario general Mauricio Saillén y el adjunto Pascual Catrambone fueron detenidos en agosto pasado por presunto lavado de activos y usura.
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La CReSE es una empresa de residuos municipal creada en 2007 por el ex intendente kirchnerista Daniel Giacomino. El director obrero de la firma municipal era el sindicalista del SURRBaC Pascual Catrambone. Con la llegada de Mestre a la Intendencia, se licitó el sistema de recolección de residuos, la ciudad quedó dividida en dos áreas que explotan dos empresas –COTRECO y LUSA se quedaron con el 90% del servicio-; aunque quedó funcionando la empresa municipal como CReSE residual, con sólo 10%.
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El allanamiento ordenado por el juez Bustos Fierro fue solicitado por el fiscal federal Enrique Senestrari, que investiga el crecimiento patrimonial de Saillén y Catrambone. Sospechan que el SURRBaC, proveedor de servicios de la CReSE y del ESOP presentó facturas truchas para cobrar por prestaciones nunca realizadas.
En este presunto entramado de corrupción, también están sospechados los empresarios de la Compañía de Tratamientos Ecológicas (COTRECO SA), quienes fueron denunciados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En marzo de 2012, COTRECO se quedó con el 45% de la estatal CReSE, cuando se reemplazó el sistema municipal de recolección de residuos, durante el primer mandato de Ramón Javier Mestre.
Según la investigación del fiscal Senestrari, los directivos de COTRECO SA, Horacio Busso, Marcelo Debernardo y Flavio Cavallieri habrían montado una asociación ilícita alrededor del año 2010, con actividades ilegales que fueron puestas en marcha a través de las contratistas Guba SA, su sucesora COTRECO SA y finalmente Urbacor SA. A través de una red de empresas que operaban como contratistas y contratantes, Busso y sus socios evadieron impuestos omitiendo las declaraciones juradas, generaban planes de pago que luego renovaban y emitían facturas a través de empresas fantasmas como Vanesin SA, Nueva Serie SA, División Protonic SA, Intruder Service SA, y Futuro Sustentable SRL.
Horacio Busso, ex presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, es primo del ministro de Agricultura schiarettista, Sergio Busso.
Durante los allanamientos realizados esta semana se buscó material relacionado con CReSE y ESOP, como facturas de empresas fantasma o inexistentes; además de facturas falsas de empresas prestadoras. Por caso, desde 2016, el ESOP le compró a Higyse SA capas de lluvia, borceguíes de trabajo y guantes para sus trabajadores. La proveedora Higyse SA pertenece a Agustín Catrambone, hijo del detenido sindicalista Pascual Catrambone y empleado del ESOP. Otro de los propietarios de la firma es Mauricio Boñanni, empleados de la empresa recolectora LUSA. Sólo en 2018, el ESOP le pagó a Higyse SA $ 21 millones por la compra de material para sus trabajadores.
Ya en noviembre del año pasado, las oficinas del ESOP y de la CReSE, que funcionan en calle 27 de abril al 700 –a cuatro cuadras de la Municipalidad de Córdoba- habían sido allanadas por orden de la Justicia Federal. También fueron allanadas las viviendas de los funcionarios de la CReSE, los mestristas Norberto Bergami (presidente), Aldo Vargas (director), Pablo Cáceres (síndico) y Enrique Imberti, ex funcionario del ESOP.
“Es una causa relacionada con la anterior gestión, nada tiene que ver el actual intendente Martín Llaryora. El personal de la Municipalidad le brindó toda la información requerida a la Justicia”, señalaron desde la Municipalidad de Córdoba a El Destape.
Desde la Justicia federal, en tanto, sólo confirmaron que hubo dos operativos donde se requirió documentación en la Secretaría de Economía y en el Tribunal de Cuentas municipal.
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