Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) con órdenes de allanamiento libradas por el juez Hugo Vaca Narvaja, llegaron este martes simultáneamente a las viviendas de Mauricio Saillén y Pascual Catrambone -secretario general y adjunto respectivamente, del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBaC)-, además de la sede de la mutual del gremio y otros diez domicilios de dirigentes sindicales. Allí, secuestraron documentación ligada a una investigación por asociación ilícita, evasión fiscal y lavado de activos. Al mediodía, Saillén y Catrambone fueron detenidos y pasaron la noche en la alcaidía de los Tribunales Federales de Córdoba.
“Mi defendido Mauricio Saillén nunca evadió el accionar de la Justicia, ha comparecido siempre, no hay peligrosidad de fuga y por lo tanto creemos que él y Catrambone deben recuperar inmediatamente su libertad. No hay riesgo procesal, nunca lo hubo”, le dijo a El Destape el abogado penalista Ricardo Moreno.
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Las detenciones de los dirigentes gremiales fueron solicitadas por el fiscal federal Enrique Senestrari a raíz de una investigación que se inició hace tres años por presunto lavado de dinero. En total son nueve los imputados, entre ellos el tesorero de la obra social sindical, Juan Manuel Krainbuhl.
Moreno agregó que “esta es una movida política para perjudicar a personas en los tiempos electorales que se viven”. Franco Saillén, uno de los hijos del líder sindical es legislador provincial y quinto candidato a diputado nacional por el Frente de Todos.
En esa línea, la dirección del SURRBaC emitió un comunicado donde “repudia categóricamente el allanamiento a los domicilios de sus dirigentes Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, así como los allanamientos de la sede de las organizaciones vinculadas al sindicato”.
Y agrega: “Esto no es más que una gran operación para castigar el protagonismo del movimiento obrero cordobés en el enfrentamiento a las políticas de hambre de este gobierno y en la campaña electoral que terminará desplazando a Mauricio Macri y sus socios”.
El comunicado señala que “ante esta burda operación, la Comisión Directiva del SURRBaC ha decidido declarar el estado de alerta y movilización en toda la provincia, para manifestar el respaldo a nuestros dirigentes y el rechazo a este ataque de sectores a los que les duele que los trabajadores y trabajadoras tengan derechos y que estos sean ejercidos”.
Los directivos del gremio SURRBaC fueron denunciados hace más de tres años ante la Justicia provincial por los delitos de administración fraudulenta y usura calificada, intermediación financiera y lavado de activos. Pero el juez de control Esteban Díaz Reyna se declaró incompetente para investigar esos presuntos delitos cometidos a través en la mutual del SURRBaC y envió la causa al fuero federal.
La sospecha de los investigadores es que los integrantes de la Comisión Directiva del sindicato obtuvieron ganancias millonarias prestándole dinero a la mutual, que a su vez era utilizado para otorgar préstamos a los obreros a través de créditos y adelantos salariales, por los que se cobraban intereses presuntamente impagables.
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