En una sesión inédita, sin trabajo de comisiones y por videoconferencia, el Concejo Deliberante de Córdoba aprobó el viernes la ordenanza que comienza a regir hoy, que establece el uso obligatorio de barbijo en la Capital provincial, donde viven 1,3 millones de personas. Toda persona que circule debe portar el cubrebocas; de lo contrario, las multas a pagar van desde $ 951 hasta $5.711.040. La ordenanza fue aprobada por unanimidad en general y la oposicón sólo objetó algunos puntos en particular.
Los valores establecidos por los concejales de la ciudad de Córdoba para sancionar a quienes no lleven barbijos, responden a las asignaciones dadas por el Tribunal de Faltas Municipal en septiembre pasado a la Unidad Económica de Multa (UEM), que equivale a ocho litros de nafta de menor octanaje de la petrolera YPF. Con $59,49 por cada litro de combustible, cada UEM se ubica en $ 475,92.
“No queremos implementar una ordenanza con el fin recaudatorio, no es el sentido; sino más bien tiene un sentido de responsabilidad social; a esta pandemia la frenamos quedándonos en casa, evitando que el Covid-19 se expanda”, señaló el viceintendente capitalino Daniel Passerini, quién es médico. Todas las personas que circulen por la vía pública, en vehículos particulares o en el transporte público y aquellas que ingresen a comercios deberán utilizar el barbijo o tapabocas; si no cumplen la ordenanza, serán sancionados con tareas comunitarias y de capacitación. Luego se implementarían las multas económicas desde dos UEM por $ 951 hasta las de 12.000 UEM por $ 5,7 millones que aplican a las faltas gravísimas que atenten o no impidan la transmisión de enfermedades transmisibles.
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El concejal oficialista Diego Casado le dijo a El Destape: “Votamos por unanimidad que todos los ciudadanos de la ciudad de Córdoba tengan que utilizar de manera obligatoria el tapaboca. Con esta ordenanza se busca resguardar y proteger a los ciudadanos cordobeses frente al avance del Covid-19; y aquellos que no tengan barbijo y sean controlados por las fuerzas de seguridad y los inspectores municipales, serán pasibles de una multa. Esta norma tiene en vista proteger al ciudadano cordobés, y lo hemos hecho de manera obligatoria, para que el ciudadano que no tenga la responsabilidad que tiene que tener, lo utilice para preservar su salud y la de terceros”.
Ricardo Aizpeolea, concejal del juecista Frente Cívico dijo que “es importante aclarar que la gente no debe relajarse y por utilizar barbijo pueda salir y circular; hay que sostener la cuarentena y el precepto de quedarse en casa como única herramienta para evitar la propagación del virus". Asimismo, también advirtió que "hay que poner foco en la importancia de los 100 centros de atención primaria de la salud, que están metidos en la periferia y los barrios más populares. Allí había demoras en la provisión de insumos de bioseguridad para los trabajadores, que lo habíamos alertado, y el oficialismo nos respondió que estaban controlando las partidas por la escacez de insumos”.
Por su parte, el presidente del bloque de caoncejales radicales, el mestrista Alfredo Sapp señaló a El Destape: “Nosotros como bloque de concejales de la UCR estamos de acuerdo en la obligatoriedad acerca del uso del barbijo en la vía pública, en lugares públicos y en lugares privados con acceso al público". Por otro lado, marcó: "A la vez hicimos dos observaciones, una que en las recomendaciones se incluya el uso del guante descartable de látex y que se trate un proyecto nuestro sobre los trabajadores de delivery, para que posean los elementos de seguridad como cubrebocas, guantes de látex y alcohol en gel, porque manipulan alimentos y envoltorios de alimentos. Entendemos que se debe resguardar a estos trabajadores y a quienes reciben estos productos; solicitamos que todos estos elementos sean provistos por los empleadores, porque hemos detectado que en muchos casos son los trabajadores quienes deben comprárselos. Esta propuesta finalmente no fue apoyada por el oficialismo, que tiene la mayoría; y fue girada a comisión para su tratamiento esta semana”.
“Apoyamos esta iniciativa por unanimidad, porque el Covid-19 está en todas partes, es un enemigo invisible y el barbijo o tapabocas es una barrera de utilidad. El monto de las sanciones tendría que haber sido discriminado, explicado bien, detalladamente. No sabemos qué parámetros se utilizaron para imponer esas multas. Es cierto que la sanción la debe sentir el infractor, porque si no no es un imposición y se transforma en recomendación. Por ahora, las únicas armas con las que contamos son el aislamiento social preventivo y el distanciamiento social con protección”, opinó Juan Pablo Quinteros de Encuentro Vecinal Córdoba.
El viernes se aprobó además, “la obligación de que los comercios como grandes superficies y de venta de alimentos y productos de limpieza exhiban los precios máximos, no sólo que opere el control por parte de funcionarios, sino que sean los mismos vecinos, la sociedad civil la que controle los precios a partir de la participación ciudadana”, destacó Aizpeolea, creador de la ordenanza.
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