Con el cambio de ciclo político, un órgano clave para el sistema judicial también modifica su relación de fuerzas. Se trata del Consejo de la Magistratura, desde donde se realiza la selección y la sanción de magistrados, una institución que el macrismo utilizó para perseguir a los jueces que no se acomodaron a los intereses que marcó la Casa Rosada en los últimos cuatro años. Por citar un ejemplo emblemático: hay un expediente abierto contra el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, quien investiga el D’Alessiogate. Fue denunciado por expreso pedido del entonces presidente Mauricio Macri, que pretendió destituirlo. También se descuenta que durante este año estará en el centro de debate en el consejo el rol que jugó el juez federal Claudio Bonadío en el Lawfare. Fue el impulsor de la persecución contra la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Llegó a citarla a ocho indagatorias en un día. Según dijeron fuentes del organismo a este medio, el titular del juzgado federal 11 de Comodoro Py pretende que se le cierren los expedientes internos para jubilarse y dejar su despacho.
Nuevos integrantes
¿Quiénes integran el nuevo Consejo de la Magistratura? Por un lado, están los consejeros que fueron electos en 2018 por el estamento de los jueces y los abogados, es decir, que están hace más de un año en la institución.
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Se trata de los magistrados Ricardo Recondo, Alberto Lugones y Juan Manuel Culotta, todos de listas internas diferentes.
Por el lado de los abogados se encuentran Marina Sánchez Herrero, que fue electa por los letrados del Interior, y es pareja de Maximiliano Abad, presidente del bloque de dipuados bonaerenses de Cambiemos. Y Juan Pablo Más Vélez, abogado por la matrícula de la Ciudad, de buen vinculo con el operador judicial del macrismo, Daniel “Tano” Angelici.
A ellos se suma el académico Diego Molea.
El recambio proviene por el lado de los legisladores y el representantes del Poder Ejecutivo.
Por el senado estarán Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara (por el Frente de Todos) y Silvia Giacoppo (por Cambiemos).
En lo que hace a los diputados estará Vanesa Siley (Frente de Todos), seguirá Pablo Tonelli (PRO) y resta la ratificación de Graciela Camaño (Consenso Federal), quien apuesta ser reelegida como consejera.
Como representante del Gobierno estará Gerónimo Ustarroz.
En la actualidad, la mayoría de los nuevos consejeros están designados pero no asumieron. Para estar formalmente en el cargo debe finalizar la feria judicial de enero ya que deben jurar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recién entonces estarán en condiciones de incorporarse al cuerpo.
En este contexto, ya se insinuaron algunas negociaciones sobre quién podría presidir el consejo en este nuevo período. En la actualidad el titular del cuerpo es el juez Ricardo Recondo, de la lista Bordó. Su posible sucesor podría ser otro magistrado, pero de la lista Celeste, más en sintonía con los intereses del oficialismo: Alberto Lugones. Pero no hay nada definido aún.
Correlación de fuerzas
Con la nueva conformación ya comenzó el “poroteo” de los votos. El número clave es el 9, ya que implica los dos tercios del cuerpo. Con esas voluntades se definen las remociones.
En la actualidad se estima una correlación de fuerzas de 6 + 1, por el lado del oficialismo; y 4 + 2 , por el de la oposición. Se trata de un esquema “movible” ya que se espera mucho diálogo. Pero con estos números, el Frente de Todos tendrá mayoría para, por ejemplo, impulsar designaciones.
El bloque oficialista se integra con Usarroz, Recalde, Pilatti Vergara, Siley, Lugones y Molea. A ellos se podría sumar en varias votaciones Camaño, de aceitados vínculos con Sergio Massa, hoy en el Frente de Todos.
Por el lado opositor se cuentan Tonelli, Giacoppo, Sánchez Herrero y Más Vélez. No obstante, los cuatro tienen orígenes distintos. Mientras el primero es un PRO puro, la segunda responde al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Y Sánchez Herrero está relacionada a la UCR del interior bonaerense cuando Más Vélez esta asociado al radicalismo porteño, cercano a Enrique “Coti” Nosiglia y Angelici.
Los dos “líberos” de este sector son los jueces Recondo y Culotta, quienes en algunas ocasiones podrían también acompañar una moción oficialista.
Así, se abre un juego de consenso que según el caso podría acercar al oficialismo a los dos tercios.
“Vamos a lograr consenso cuando sea necesario”, se entusiasma un consejero en diálogo con este medio.
En la agenda 2020 figura el tratamiento de las causas de persecución que impulsó el macrismo. “Es muy probable que se empiecen a cerrar causas de jueces perseguidos por el PRO”, indican desde el Consejo de la Magistratura a El Destape.
También se espera un posicionamiento respecto a las que hay contra Bonadío. Y hay expectativa en torno a cómo se posicionará el consejo respecto a la reforma judicial en ciernes.
Instrumento de persecución
Durante los últimos cuatro años, el macrismo transformó al consejo en una herramienta de persecución de los jueces que le fueron rebeldes en causas "sensibles".
Así, Macri ordenó que se denuncie al juez de D’Alessiogate, Alejo Ramos Padilla, quien tiene un expediente abierto. Uno de los más fervorosos acusadores del magistrado de Dolores fue Pablo Tonelli, alfil judicial del PRO.
También llegaron a estar denunciados (y fueron presionados con esos expedientes): el juez Daniel Rafecas, quien ahora es propuesto como Procurador General de la Nación por Alberto Fernández. Lo mismo sucedió con el camarista de la Casación Penal, Alejandro Slokar (le cerraron la causa a fines del año pasado). Por ese expediente, que fue iniciado por Elisa Carrió, el juez fue separado del D’Alessiogate.
A ellos se suma una larga lista de magistrados que va desde otra camarista de la Casación, Ana Figueroa, a quienes integraban la Cámara Federal porteña y fueron corridos de sus cargos: Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero. En su lugar, y también con la complicidad de un consejo copado por el macrismo, se nombraron otros tres camaristas en esa instancia revisora de Comodoro Py. Dos fueron traslados muy polémicos que podrían ser anulados este año: los de Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.
Un párrafo aparte merece la persecución contra los jueces laboralistas que fallaron en contra de la Casa Rosada.
Algunos de estos casos fueron mencionados en las presentaciones que se realizaron ante la CIDH por la grave situación que atravesó el Poder Judicial en el último tiempo.
Tal fue el caso de los camaristas de la Justicia del Trabajo, Enrique Arias Gibert y Miguel Rodríguez Brunengo, quienes habían ratificado la reincorporación de cinco trabajadores de Telam y fueron denunciados ante el consejo por el gobierno de Cambiemos a través de los abogados de la agencia oficial de noticias.
Télam no fue la única dependencia estatal que impulsó denuncias en el consejo. Hubo una especie de modus operandi, que fue desde el Enacom hasta el propio Macri.
La nueva composición buscará dar una vuelta de página a esa etapa nefasta del consejo.
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