El policía metropolitano Ricardo Ayala fue condenado a 16 años de cárcel por disparar a quemarropa contra Lucas Cabello, dejándolo cuadripléjico. El delito adjudicado fue el de tentativa de homicidio agravada por abuso de la función policial y por el uso de arma de fuego.
La sentencia fue anunciada esta tarde por el Tribunal Oral Criminal 1 en la Sala de la Cámara Federal. Ayala quedará en libertad hasta que la condena quede firme, pero no podrá salir del país, deberá presentarse cada mes ante la justicia y no podrá acercarse a Lucas ni a su familia a menos de 500 metros.
El caso ocurrió el 9 de noviembre de 2015, cuando el oficial Ayala discutió con Cabello, lo siguió, entró al pasillo de su casa, en el barrio de La Boca, y le disparó tres veces a menos de un metro de distancia. Cabello quedó al borde de la muerte y desde entonces se recupera, con la mitad de su cuerpo paralizado. El ataque contra el joven ocurrió a días de que Mauricio Macri ganara las elecciones presidenciales de 2015.
Luego del ataque contra Cabello, la entonces vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, defendió a Ayala. “Se trató de una cuestión de género. El policía protegía a la mujer que apretó el botón antipánico”, justificó. Esta versión fue desmentida por la novia de Cabello y otros testigos. Ahora, el juicio y la condena dejaron en claro que se trató de un caso de violencia institucional, abuso policial y tentativa de homicidio.
"Gracias Lucas. Por ganarle a la impunidad. No solamente son los 16 años de condena a prisión para el Policía verdugo que intentó matarte, sino su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la orden de investigar el encumbrimiento del entonces Ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, la entonces Vice Jefa, María Eugenia Vidal y el entonces Jefe de Gobierno, Mauricio Macri", expresó Gabriela Carpineti, abogada de Cabello.
Y añadió: "Esta querella logró convencer al Tribunal no sólo de la responsabilidad penal del Agente Ayala sino también de un conjunto de responsabilidades políticas y civiles que deben ser investigadas judicialmente. Una causa que arrancó amarilla en noviembre de 2015 y se va con una condena popular, como sus posibles encubridores, en diciembre de 2019. Gracias a todos, a esas madres inquebrantables que nos sostenien de pie, por resistir estos años difíciles desde la verdad, la organización colectiva y el amor incondicional a los pibes de nuestro pueblo".
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