Conceden la prisión domiciliaria al genocida Ernesto “Nabo” Barreiro

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba le concedió al represor Ernesto “Nabo” Barreiro, jefe de torturadores en el centro clandestino de detención La Perla, el beneficio de la prisión domiciliaria atendiendo su edad –tiene 71 años- y el deterioro en el estado de su salud.. Barreiro había sido condenado en el histórico juicio de la megacausa de ese CCD a cadena perpetua por 28 crímenes de lesa humanidad.

Barreiro ya había obtenido el beneficio de la prisión domiciliaria en distintas causas, y sólo le restaba que se definieran dos causas que se tramitan en el Juzgado Federal N°1 de Ricardo Bustos Fierro. Hoy, precisamente, los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones, Graciela Montesi, Ignacio Vélez Funes y Eduardo Avalos, fallaron en una de esas dos causas; teniendo en cuenta las pericias de la Corte Suprema de Justicia, el del perito de parte y del Servicio Penitenciario Federal. El perito de la Corte Suprema informó que el estado de salud del represor no le impedía seguir purgando su condena en la cárcel militar de Campo de Mayo. 

Mientras que el perito propuesto por la defensora oficial Mercedes Crespi, señaló en su informe que Barreiro “es un minusválido, afectado por polipatología concurrente, progresiva –pero ciertamente atenuable- en donde destaca esencialmente la cardiovascular hipertensiva y la insuficiencia renal, a lo que se agrega el intenso sufrimiento que le causa la sintomatología discal lumbar, imposible de atenuar quirúrgicamente dado el alto riesgo que significaría operarlo en las condiciones de intenso estrés al que se lo somete”.

Y el médico del Instituto Penal Federal Campo de Mayo informó a los camaristas cordobeses que “si se agrega a estas patologías el hecho de la privación de libertad, ésta situación genera riesgo de muerte súbita”.

Tras este fallo, la defensora Mercedes Cresppi solicitará que el beneficio de la prisión domiciliaria se haga extensiva a la última apelación que debe resolver el juez federal Bustos Fierro.

Antes del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, el capitán Ernesto “Nabo” Barreiro integró el Comando Libertadores de América, que comandaba el capitán Héctor Pedro Vergez, responsable de los crímenes de la familia Pujadas –fueron asesinados los padres y otros familiares de Mariano Pujadas-; el secuestro y homicidio y posterior robo del cadáver del dirigente montonero Marcos Osatinsky; el fusilamiento de nueve estudiantes universitarios bolivianos y la desaparición de Alberto Caffaratti, militante comunista y dirigente de Luz y Fuerza. Ya en dictadura, Barreiro se convirtió en jefe de torturadores de los centros clandestinos de detención y exterminio dependientes del Ejército en Córdoba.

En 1987, cuando la Justicia federal lo citó por delitos cometidos durante la dictadura, encabezó el alzamiento carapintada de Semana Santa y se fugó, siendo luego capturado y dado de baja del Ejército el 15 de abril de ese mismo año. Fue inmediatamente beneficiado por la Ley de Obediencia Debida. 

“Es muy grave el beneficio que se le otorga a este represor. En vez de purgar condena en una cárcel común, Barreiro está en un predio del Ejército como es Campo de Mayo. Y en su casa, dispondrá de mayor libertad para seguir realizando sus operaciones de inteligencia. No debemos olvidar el antecedente del genocida Miguel Etchecolatz y la desaparición de Julio López”, advirtió a El Destape, Rubén Arroyo, ex presidente de la CONADEP Córdoba, actual co-presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH) y denunciante en 2006 de los crímenes del Comando Libertadores de América.

Arroyo recordó que “en diciembre de 2014, en una entrevista dada a la televisión chilena, Barreiro admitió que desde prisión había realizado tareas de inteligencia. Si las autoridades judiciales y penitenciarias no impidieron que este genocida realizara tareas de inteligencia, de lo que es experto, ¿cómo van a tratar de impedir que lo siga haciendo, con el riesgo que eso conlleva para la democracia?”.

También señaló que “en 1987 la crisis de Semana Santa, ese atentado contra el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, se dio tras el amotinamiento de Barreiro en Córdoba. Es un personaje sumamente peligroso para el orden democrático”, apuntó Arroyo.

En la televisión chilena, Barreiro había declarado acerca de restos humanos hallados en el predio del CCD La Perla, en los hornos de la cantera “La Ochoa” y de excavaciones cerca de la localidad de Villa Ciudad de América: “Le cuento lo que pasó en el juicio. Nosotros tenemos un equipo en nuestra defensa. Las causas son 26 y los archivos digitalizados son miles y miles de fojas de manera que hubo un esfuerzo sobrehumano. En los archivos, hay cantidad de información que no ha sido explotada. La investigación que llevó adelante la organización que inició la querella llevaba la investigación en distintas direcciones. Por alguna razón que desconozco, esa investigación fue desviando hacia otra que quedó a cargo de la fiscalía. Y a todas luces quedó como una investigación arbitraria que no favorece a nadie. Y lo que es peor: tampoco a los familiares de las víctimas”, dijo hace cinco años Barreiro a Tele13 de Chile.

Y avanzó: “Una investigación está dirigida a los lugares de enterramiento y entonces se trabajó sobre los hornos… Pero violentamente, se dirigieron a otros lugares que no llegaron a nada. Nosotros haciendo trabajo de inteligencia pudimos determinar que ese es uno de los lugares probables de los enterramientos. Tenían pistas de ello. Yo no soy testigo ni vi absolutamente nada. Hace dos meses, encontraron restos allá. ¿Me comprende? En otro momento, voy a volver a hablar de cómo se encontraron esos restos porque la versión oficial es mentira”.

A través de la defensora oficial, el genocida Barreiro notificó a los jueces que su domicilio donde cumplirá la prisión domiciliaria será su departamento de la avenida Las Heras al 1900 de barrio Norte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

*Gustavo Molina es corresponsal de El Destape en Córdoba.