El Gobierno nacional avanza en la privatización del Estado de formas particulares y ahora creó una sociedad anónima que irá reemplazando en funciones a la Dirección de Vialidad Nacional. El mecanismo replica el utilizado en otros organismos, como el PAMI.
En el Boletín Oficial se publicó este miércoles el decreto 794 del Ministerio de Transporte, que crea la empresa "Corredores Viales S.A.". La misma tendrá la función de "la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional; y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro de peaje que se le confiera".
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La misma sale al mercado con un capital accionario conformado por el 51% del Ministerio de Transporte y el 49% de Vialidad Nacional. Sin embargo, esto no es definitivo ya que la creación de la S.A. abre la puerta a la incorporación de socios privados que ganen espacio en esta empresa.
"Que en caso que el interés público lo requiera podrán participar de la sociedad personas de carácter privado a través de los procedimientos de selección correspondientes", afirma la norma en sus considerandos.
Pese a tener un discurso a favor dela transparencia, la iniciativa provoca que esta nueva sociedad quede fuera de los controles obligatorios para cualquier ente estatal.
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"No resultan aplicables a “CORREDORES VIALES S.A.”, las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y sus modificatorias, del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, establecido por el Decreto Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios, de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y sus modificatorias", especifica la normativa.
Esto implica que, por ejemplo, al no basarse en el decreto 1.023, podrán realizar contrataciones directas para proveedores y realización de obras, en lugar de sometersea licitaciones como debería si fuera un organismo estatal.
Este mecanismo replica el usado por el PAMI, que creó una fundación para administrar ciertos sanatorios y servicios que hoy son del PAMI. Al ser un organismo privado, la fundación deja de tener obligaciones vinculadas a los controles y transparencia que la obra social para jubilados hoy posee.
También se correlaciona con el mecanismo utilizado en el caso de ARSAT, al que quisieron presentar como una sociedad. En aquella oportunidad, revelada por El Destape, ARSAT transfería la construcción y explotación del ARSAT 3 a una empresa de la cual no podía tener más del 49% y cuyo socio controlante era la estadounidense Hughes.
El decreto 794:
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