Con 15 años de demora, la empresa Correo Argentino de la familia Macri quedó al borde de la quiebra. La resolución la tomó la Sala B de la Cámara Comercial, cuyas juezas Maria Lilia Gomez Alonso y Matilde Ballerini fueron piezas fundamentales para el letargo de este expediente en el que se dirime la multimillonaria deuda de los Macri con el Estado. El fallo llega tras la insistencia de la fiscala Gabriela Boquin, que no solo logró frenar el intento de Macri de condonarle de 70.000 millones de pesos a su familia, sino que logró reencauzar el expediente hacia este punto clave que estaba resuelto desde el 2004 pero frenado gracias a las maniobras de los Macri. En caso de quiebra afectaría también a Socma.
En concreto, las juezas Gomez Alonso y Ballerini dispusieron “la apertura del Registro de cramdown” o salvataje. El cramdown implica el llamado público a ver si alguien quiere comprar una empresa que no logra ordenar sus deudas, en este caso Correo Argentino. Si eso falla, el siguiente paso es decretar la quiebra. En su resolución las juezas evitan hablar de fechas. Se cuidan, ya que fueron indispensables para que los Macri no llegaran a esta instancia en los últimos 15 años.
A fines de noviembre, tal como informó El Destape, la fiscala Boquin insistió a las juezas de la Sala B para que resolvieran esta cuestión clave que data en expediente exactamente desde el 27 de octubre de 2004. Ese día, la propia Sala B de la Cámara Comercial dispuso el cramwdown o salvataje de Correo Argentino con las firmas de la propia Gomez Alonso junto al ya fallecido juez Enrique Manuel Butty. En su escrito, Boquin le planteó a la Sala B de la Cámara Comercial debía decidir si iniciaba el procedimiento de cramdown o salvataje, si existían las mayorías previstas por la ley para aceptar las propuestas de pago de los Macri y, en ese caso, que se analizara si esa propuesta “es o no abusiva o si se han conformado las mayorías en fraude a la ley”. Esto es clave, ya que la propia Boquin ha demostrado en distintas presentaciones que los Macri fraguaron las mayorías necesarias para la aceptación de las propuestas de pago de sus deudas.
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En el mismo escrito, Boquin también recordó la última propuesta que hicieron los Macri para el pago de su deuda, que implicaba el pago en una única cuota de 296 millones de pesos con 18 años de retraso y que los intereses se paguen con plata que el Estado supuestamente les debe a ellos. Pese a que lo negaron durante años, en esa propuesta reconocieron que tienen plata y que deben pagar intereses, salvando la cuestión de que presenten hacerlo con dinero del propio Estado. En la resolución de Cámara que se conoce hoy, consta que el Estado, aún bajo gestión Macri, rechazó esa propuesta. Insólito.
A contramano de lo que hizo durante estos 15 años, la jueza Díaz Cordero ahora fue dura con la familia Macri, en una típica maniobra de veleta judicial. Descartó la pretensión de los Macri de no considerar al Estado como un acreedor bajo el simple argumento de que los propios Macri le hicieron propuestas como acreedor (sic) y rechazó el planteo de compensar la deuda de los Macri con el Estado con las deudas que supuestamente tiene el Estado con ellos, algo que ya hizo la Corte Suprema en 2009. También negó la afirmación de los Macri respecto a que el Estado fue un acreedor “hostil”. Dijo, simplemente, “no se advierte que el Estado Nacional haya actuado de modo hostil a lo largo de este proceso concursal”
La convocatoria de cramdown o salvataje es un reconocimiento de que, por un lado, venció el período de exclusividad, que es el tiempo que tiene una empresa para hacerles una propuesta de pago a sus acreedores. Ese período es, según la Ley de Concursos y Quiebras, de 120 días, con algunas posibilidades de prórroga. Este expediente cumplió 18 años el pasado 19 de septiembre, es decir, más de 6500 días. Por otro lado, revela que no se obtuvieron las conformidades a las propuestas de pago que hizo la familia Macri, que requieren porcentajes de los acreedores. Esto apoya lo que denunció la fiscal Boquin que, entre otras cuestiones, encontró que las conformidades a las propuestas de los Macri eran obtenidas de forma irregular y, por ende, eran truchas.
El último punto del artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, donde se explica el mecanismo del cramdown, dice: “Cuando en esta etapa no se obtuviera acuerdo preventivo, por tercero o por el deudor, o el acuerdo no fuese judicialmente homologado, el juez declarará la quiebra sin más trámite”.
La quiebra de Correo Argentino se extendería hacia SOCMA, que quedó como único accionista ya que le compró las acciones a SIDECO, otra empresa del holding Macri. Así lo establece el artículo 161 de la Ley de Concursos y Quiebras, en el capítulo de extensión de quiebra. Ese artículo hace referencia a la lo controlantes y la confusión patrimonial, y dice que la quiebra se extiende a los que hayan “efectuado los actos en su interés personal y dispuesto de los bienes como si fueran propios, en fraude a sus acreedores” y “cuando ha desviado indebidamente el interés social de la controlada, sometiéndola a una dirección unificada en interés de la controlante o del grupo económico del que forma parte”. En el expediente está más que comprobado el vaciamiento de Correo Argentino en beneficio de sus accionistas SOCMA y SIDECO, tema que también tramita en sede penal.
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