La Policía Federal llevó a cabo operativos de requerimiento de información en las oficinas el ministro de Energía, Juan José Aranguren, YPF y la Oficina Anticorrupción en una investigación por la presunta compra irregular de gas a Chile.
Fuentes judiciales confirmaron que se trató de un operativo bajo la figura de la orden de presentación de documentos y si bien al principio hubo "cierta reticencia" a entregar la información, se comprometieron a otorgar los datos pedidos.
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Efectivos de la Policía Federal se presentaron en oficinas del ministerio de Energía, la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, y dependencias de la petrolera administrada por el Estado, YPF SA, precisaron las fuentes consultadas.
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El fiscal federal Carlos Stornelli había imputado a Aranguren a raíz del aumento de tarifas de gas sin haberse realizado audiencia pública previa, y por ser uno de los "beneficiados" de esa medida a raíz de que figura como accionista de la petrolera Shell, de la cual fue presidente hasta el año pasado.
Por ello, el Juzgado Federal 9, a cargo de Luis Rodríguez, ordenó se requiera toda la información obrante tanto en el Ministerio de Energía (Paseo Colón 181) y en la torre de YPF en Puerto Madero.
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Los diputado nacionales kirchneristas Martín Doñate (Río Negro) y Rodolfo Tailhade (Buenos Aires) radicaron una denuncia penal contra Aranguren por entender que se vio directamente beneficiado con el aumento de gas, al cumplir un doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A.
En la denuncia se resaltó que el Ministerio de Energía ha tomado la decisión estratégica de importar gas por el puerto de Chile en lugar de las vías que ya estaban en uso, el gasoducto con Bolivia por ejemplo.
"Esta decisión puso en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG (British Gas, adquirida el año pasado), la mayor proveedora de Gas del vecino país trasandino", dice la denuncia.
El gas que la Argentina le compra a Chile es 128% más caro que el de Bolivia, había denunciado públicamente Félix Herrero, expresidente de las hidroeléctricas Yacyretá y Salto Grande, consideró una "barbaridad" la diferencia de precio.
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