En su discurso inaugural, Alberto Fernández adelantó que no utilizará el esquema de gastos que planificó Mauricio Macri. El proyecto de presupuesto 2020 no alcanzó la categoría de ley debido a las cuestionables proyecciones que había redactado el ex ministro de Hacienda Hernán Lacunza. Desde el 1 de enero hasta que el Legislativo sancione una nueva legislación, el Gobierno deberá utilizar las pautas del año corriente.
Si bien ya lo había lanzado la semana pasada, ante el Congreso ratificó que no podrá trabajar con el boceto de la ley de leyes que dibujó Macri. “He decidido que no le daremos tratamiento parlamentario al Presupuesto Nacional proyectado por el Gobierno saliente para el ejercicio 2020. Sus números no reflejan ni la realidad de la economía ni las realidades sociales ni los compromisos de deuda que realmente se han asumido”, sinceró.
Adelantó que “un presupuesto adecuado sólo puede ser proyectado una vez que la instancia de negociación de nuestra deuda haya sido completada y, al mismo tiempo, hayamos podido poner en práctica un conjunto de medidas económicas, productivas y sociales para compensar el efecto de la crisis en la economía real”. “La Nación está endeudada, con un manto de inestabilidad que deshecha cualquier posibilidad de desarrollo y que deja al país rehén de los mercados financieros internacionales. Tenemos que sortear ese escenario. Para poner a Argentina de pie, el proyecto debe ser propio e implementado por nosotros, no dictado por nadie de afuera con remánidas recetas que siempre han fracasado”, reclamó.
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Para el próximo período, Macri estimaba erogaciones que totalizaban los $ 6,1 billones, lo que implicaba un incremento de 37,7% respecto a los de 2019. Esto iba en línea con el alza de precios estimada para este año, del 34%. La versión oficial subestimaba de forma grosera los aumentos: la inflación interanual terminará diciembre por arriba del 54,6%, de acuerdo al relevamiento de expectativas de mercado del propio Banco Central. Sólo estos 20 puntos porcentuales de diferencia tiran por tierra a cualquier cálculo oficial, una costumbre en los cuatro años de macrismo, en los que proyectó una inflación inferior a la real.
Al no contar con un nuevo presupuesto, los gastos del año próximo deberán guiarse por el último aprobado, el de 2019, que deberá ser prorrogado el 1 de enero por decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros (probablemente la 01/2020). Esta ley contemplaba autorizaciones para gastos totales por sólo $ 4,2 billones y se las designaba a una estructura estatal antigua. Todas las erogaciones adicionales a ese monto y, además, las que se destine a los nuevos ministerios, deberán contar con un decreto que reasigne partidas.
Estas operaciones de emergencia se extenderán hasta tanto el flamante ministro de Economía, Martín Guzmán, elabore un presupuesto acorde a la economía actual, que incluya variables realistas y priorice el gasto social. Luego, deberá ponerse a votación del Congreso.
El dinero oculto de la AFI
Macri aumentó la discrecionalidad de la Agencia Federal de Inteligencia que, a cargo de su amigo Gustavo Arribas, está acusada de llevar adelante escuchas ilegales contra periodistas, ex funcionarios y opositores, tanto para beneficiar a Cambiemos como para negocios propios. El ex mandatario pretendía aumentar la incidencia de la AFI en el gasto total del 8,3% al 10,7%, lo que implicaba un presupuesto de $ 3.600 millones.
Por esto, Alberto lanzó: "He decidido que sea intervenida la Agencia Federal de Inteligencia, para impulsar así una reestructuración de todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado". Ante eso, explicó que los "fondos reservados, no sólo dejarán de ser secretos, sino que serán reasignados para financiar el presupuesto del Plan contra el Hambre en la Argentina". Se trata del programa que aplicará el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.
"Lo mismo haremos con el resto de los fondos reservados que el actual Presupuesto nacional hoy prevé para las otras Fuerzas Armadas y de Seguridad, que serán mantenidos como tales en la medida indispensable, sólo cuando necesidades estrictísimas de Defensa y Seguridad lo exijan, y siempre con un máximo nivel de control parlamentario", anticipó Alberto.
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