El abogado de uno de los detenidos en el marco de la causa Independiente, denunció los aprietes del fiscal Sebastián Scalera para que su defendido testifique contra Pablo Moyano a cambio de su libertad. Por este hecho, Víctor Hortel, el defensor de Damián Langaronne, presentó un Hábeas Corpus ante la Cámara de Apelaciones y aseguró que hay presiones políticas detrás del intento de detención del camionero.
De puño y letra, en cinco hojas, Langaronne relató cómo el fiscal que buscó poner tras las rejas a Pablo Moyano le ofreció ser “imputado colaborador” con la condición de declarar contra el camionero. Según el texto al que accedió El Destape, el detenido no tenía relación alguna con el vicepresidente de Independiente, a quien se lo acusa de asociación ilícita con la barra brava del club de Avellaneda, por lo que “no tenía nada para declarar en contra” de su persona.
Es la primera vez que un detenido denunció a Scalera por presiones y es el primer testimonio de una víctima directa, pero no es la primera denuncia contra el Fiscal General adjunto de Lomas de Zamora ya que, como reveló El Destape, la defensa de Pablo Moyano hizo al menos tres presentaciones por estas maniobras.
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Según relató Langaronne, con su propia letra, los hechos comenzaron el 30 de noviembre del 2017, previo al pedido de detención de Moyano, que se concretó este año y fue rechazado por el juez Luis Carzoglio, a quien apartaron de su cargo el pasado 4 de diciembre por otras denuncias. En aquél entonces, allanaron su domicilio con orden de detención y la causa quedó cajoneada, negando su excarcelación por peligro de fuga. Por diversos motivos, la investigación recayó en el juzgado de Carzoglio, que le prometió una “morigeración con pulsera electrónica”, lo que no ocurrió, según denunció.
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Luego, fue citado por Scalera para declaración indagatoria. Sin embargo, esa “supuesta declaración indagatoria” era una propuesta del fiscal para ofrecerle “el beneficio de imputado colaborador con la condición que debía declarar contra Pablo Moyano”. Frente a ese ofrecimiento, Langaronne aseguró que “no tenía relación alguna” con el dirigente de Independiente “y que solamente lo había visto dos veces en mi vida: una en Asunción de Paraguay y otra en Bogotá, siempre en partidos” del club de Avellaneda.
Según la declaración a la que accedió El Destape, su abogado en ese entonces, Facundo Melo, le confesó que “la intención del fiscal era que involucre en forma directa a Pablo Moyano con algún hecho de corrupción dentro del club o en relación directa con la barra”, pero “no tenía nada que declarar en contra de Pablo Moyano”.
En reuniones posteriores entre el detenido, su abogado, el fiscal y dos colaboradores del funcionario judicial, Langaronne aseguró que lo presionaron “con mi libertad a cambio de decir cosas que no eran ciertas y si podía hacer algún plano de los lugares que conocía y describir que en alguno de esos lugares tuve un encuentro con Pablo Moyano” y aseguró que “todo el tiempo que duró la reunión se hacía hincapié en poder ensuciar” al camionero. Finalizado este encuentro, el detenido accedió al pedido del fiscal para lograr encuadrarse bajo la figura de imputado colaborador y hacer las declaraciones falsas.
Como las acusaciones no eran reales, Langaronne contó que preparó “un ayuda memoria consistente en 10 carillas contando hechos reales y situaciones falsas creadas para vincular a Pablo Moyano, siempre a pedido del fiscal Scalera”.
Según contó en su escrito de puño y letra, en un primer momento el fiscal le aseguró que iban a grabar su declaración, pero él le mostró su “ayuda memoria”, Scalera tomó los papeles y expresó que “él armaría la declaración”, en base a sus escritos, “que yo debería firmar a cambio de concederme la baja de la pena de 1/3 del mínimo de cinco años y una vez homologado por el juez de Garantías me otorgaría la morigeración en forma inmediata y un juicio abreviado de tres años de cumplimiento efectivo”.
Ante esta situación, Langaronne manifestó que su intención era atravesar el proceso judicial en libertad por el principio de presunción de inocencia y que “de ninguna manera imputaré a nadie de un delito que no cometió como así tampoco me haré cargo de ningún delito no cometido por mí”.
Por esta situación, Hortel aseguró que la causa no es contra Langaronne sino contra el propio Pablo Moyano porque “existe una persecución política contra el dirigente sindical” y remarcó que su defendido lleva 375 días preso por lo que “es un rehén del fiscal” Scalera ya que “él tiene la llave de su libertad” y denunció que el funcionario judicial “sustituyó de manera ilegítima el Derecho por un sentimiento individual de justicia marcado por el pensamiento del sector político gobernante”.
Por todo esto, Hortel sostuvo que la finalidad última es la “privación ilegal de la libertad de Pablo Moyano con la creación artificial de pruebas, llevando a Langaronne a la mentira, al falso testimonio para lograr esta finalidad”. Este objetivo también contaría con la “creación de ampliaciones indagatorias” nuevas por parte del fiscal y su equipo, “redactadas en la sede del organismo (judicial)” que “tendrían como finalidad que los presos procedan a suscribirlas como si fueran actos propios, falseando los hechos”.
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En base a estas denuncias, en el Hábeas Corpus, Hortel pidió que se garantice la integridad personal de su defendido, se declare la nulidad del procesamiento y se ordene su inmediata libertad. Si bien aún la Cámara de Apelaciones no se expidió al respecto, se espera que sea en las próximas horas.
Consultado por El Destape, el fiscal Sebastián Scalera negó las acusaciones y las adjudicó a una “estrategia de la defensa” pero aseguró que “es falsa cualquier estimación en cuanto a un accionar extorsivo” de su parte.
En tanto, Daniel Llermanos, abogado defensor de Pablo Moyano, aseguró a este medio que esperará a ver cuál es el resultado del Hábeas Corpus, pero que procederán con la denuncia del fiscal para que, cuanto menos, se lo aparte de la causa.
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