Carlos Rosenkrantz, el próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia, comandó una defensa del Grupo Clarín a través de la creación de una ONG trucha y favores judiciales.
La maniobra de Rosenkrantz en favor del holding que comanda Horacio Magnetto fue la siguiente. Todo comenzó con la resolución 100/2010, que estableció la caducidad de la licencia de Fibertel, absorbida por Cablevisión sin haberse liquidado. La medida se publicó en el Boletín Oficial el 20 de agosto de 2010, con la firma del entonces Secretario de Comunicación Carlos Salas.
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La estrategia legal de Rosenkrantz y su socio Gabriel Bouzat fue utilizar una ONG trucha, la Asociación para la Defensa de la Competencia (ADC). Esta ONG trucha presentó una medida cautelar contra la resolución 100/2010, alegando un supuesto derecho colectivo de usuarios de Fibertel. La causa tuvo la carátula “Asociación para la Defensa de la Competencia c/ Estado Nacional Secretaría de Comunicaciones s/ amparo”.
Según sus propios balances, ADC no tenía actividad. La Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) encontró en su momento que los balances de ADC tenían cifras irrisorias, como 350 pesos, sin gastos, ingresos, personal, etc. Rosenkrantz, a su vez, figuraba como presidente de la Asociación mientras era abogado del Grupo Clarín. El domicilio de ADC era el mismo que el estudio de Rosenkrantz y sólo fue utilizada en dos ocasiones: en la de Fibertel y en un cuestionamiento a la fusión Telefónica-Telecom, también dentro de los intereses del Grupo Clarín. Era, en definitiva, un sello de goma para maniobras judiciales en favor de Clarín en lugar de una ONG para defender consumidores.
La coincidencia entre los miembros de la ONG trucha ADC y el estudio de abogados del Grupo Clarín fue pasada por alto por los jueces Graciela Medida y Ricardo Recondo, que le dieron lugar a la medida cautelar que permitió a Fibertel seguir operando de forma irregular durante años alegando un interés colectivo que no era más que una treta del actual cortesano Rosenkrantz. La jueza Medina esta casada con Julio César Rivera, abogado histórico de Mauricio Macri. Por su parte, Recondo es uno de los principales operadores de las rencillas intestinas del mundillo judicial.
La irregularidad, sin embargo, persistía, y con la llegada de Macri a la presidencia se ocuparon de ordenarla por partida doble. Por un lado, el 4 de marzo de 2016, Macri revocó la resolución 100/2010 para liquidar el pleito y el 22 de abril le autorizó a Fibertel transferirle su licencia a Cablevisión. Todo indica que las resoluciones se escribieron en Tacuarí 1840 y se firmaron en Balcarce 50. Por el otro, Macri colocó a Rosenkrantz en la Corte Suprema. Primero quiso hacerlo por decreto, algo ilegal que el propio Rosenkrantz aceptó. Finalmente, tuvo que atravesar el camino que marca el decreto 222/03 y pasar por la aprobación del Senado.
El Grupo Clarín, por su parte, no quiso dejar ningún cabo suelto. En mayo de 2016, el juez Luis Rodriguez procesó al ex secretario de Comunicación Salas por haber firmado esa resolución tan molesta para los bolsillos de Magnetto y sus socios. En abril de este año, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación rechazó un recurso impulsado por Salas, que va camino a un juicio oral por abuso de autoridad contra Clarin. Lo decidieron los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos.
Su actuación como abogado del Grupo Clarín, particularmente en la causa que benefició a Fibertel, fue uno de los argumentos de los 1.428 rechazos (especialmente de organismos de derechos humanos) que recibió su candidatura a cortesano. No fueron tenidas en cuenta. Ahora será Presidente de la Corte Suprema.
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