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Sin embargo, a menos que Gils Carbó presente la renuncia, algo que ya dijo que no hará, el deseo de Mauricio Macri y compañía parece complicado. ¿Por qué?
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Según la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (art. 76), el Procurador solo puede ser removido por los causales y el procedimiento establecido en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional. Dichos artículos establecen cómo debe realizarse un juicio político, el cual es distinto a un juicio penal ordinario.
Si el juicio penal busca castigar conductas delictivas, el juicio político permite remover de su cargo a funcionarios que incumplan con sus obligaciones. La Constitución determina que en ese caso, la cámara de Diputados formula la acusación y es el Senado el que debe decidir por el futuro de ese funcionario. Para hacer efectiva la remoción, la misma debe ser apoyada por dos tercios del cuerpo.
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Como el Senado tiene 72 miembros, Cambiemos precisaría 48 votos afirmativos para expulsar de su puesto a Gils Carbó. Si los presentes en la sesión disminuyen, también lo harán la cantidad de votos necesarios: con 60 senadores presentes, Cambiemos necesitaría "solo" 40 para lograr su objetivo.
Pero el panorama no es muy favorable para la alianza entre la UCR, el PRO y la CC: sumados los tres bloques, apenas alcanzan, a partir del 10 de diciembre, los 15 integrantes: 4 PRO y 11 UCR. El Frente para la Victoria, junto a sus actuales aliados, alcanza la friolera de 42 legisladores, más que suficientes para bloquear para cualquier iniciativa legislativa de un eventual gobierno de Macri.
Aún con un acuerdo con el peronismo no kirchnerista, Cambiemos podría lograr hasta 10 votos más, lo que elevaría la suma a 25. Suponiendo que una derrota del FpV haga implosionar el bloque y los senadores respondan más a sus gobernadores, el PRO necesitaría al menos 23 senadores más que acompañen su iniciativa.
Sin embargo, hay una ventana cuanto menos controvertidad que Macri podría explorar: como remarca a El Destape el abogado Gustavo Arballo, "la Constitución no dice nada" puntualmente de la Procuración (sí habla del Poder Ejecutivo y la Corte Suprema), "de forma tal que acaso el Congreso podría derogar esas previsiones" en la ley Orgánica del Ministerio Público "y mantener una forma de remoción que no incluya esa mayoría calificada". Una opción que, de intentarla, generaría más que un sacudón en un posible Gobierno que viene con la promesa de respetar la institucionalidad.
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