En Tucumán, una niña de 11 años que quedó embarazada producto de una violación pidió el aborto no punible, derecho que tiene toda mujer que lleve adelante un embarazo que ponga en riesgo su vida o salud o que haya sido producto de una violación, pero el sistema de salud de la provincia de Tucumán aún no se lo garantizó y, en cambio, se le dio intervención judicial al caso.
La niña de 11 años quedó embarazada producto de una violación y, según un informe médico forense en la investigación de abuso sexual, es más riesgoso para ella continuar el embarazo que interrumpirlo. Es decir, tiene dos motivos por los cuales puede solicitar el aborto no punible.
Sin embargo, aunque se solicitó el aborto no punible (hay constancia tanto en sede judicial como en sede sanitaria), el sistema de salud pasó por encima de sus derechos y, por lo menos por ahora, no se lo garantizaron. En cambio, se le dio intervención judicial al caso y la fiscal Giannoni intervendrá de oficio en la causa.
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Soledad Deza, abogada feminista, explicó a El Destape que “esta intervención es incorrecta” ya que la fiscal no tiene competencia en el caso. Según trascendidos Gianonni tendría la intención abierta de impedir la ILE. El año pasado ya intentó denunciar a una médica ginecóloga que le practicó un aborto legal a una niña violada.
Celia Debono, coordinadora Nacional del Comité de America Latina y Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres, aseguró a este medio que “es torturante lo que le están haciendo a la niña” en Tucumán y afirma que temen que suceda lo mismo “que con la niña de Jujuy, que la obliguen a parir”.
Además contó que impiden a las organizaciones de mujeres que trabajan en Tucumán acercarse a la niña. Mientras se da intervención judicial al caso, mientras se desoyen los pedidos de la niña y la familia, el embarazo continúa y la salud de la menor cada vez corre más riesgo.
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