Resulto para muchos sorpresiva la primera definición concreta de Alberto Fernández en relación a su política económica. Esto es, la negativa a aceptar el tramo pendiente del crédito comprometido por la alianza Cambiemos con el FMI. "Si vos tenés un problema porque estás muy endeudado, -afirmó Fernández-, creo que la solución no es seguir endeudándote. ¿Tengo un problemón y voy a pedir 11 mil millones de dólares más?".
En rigor, lo que anticipó Alberto Fernández fue que no solicitará los 12.400 millones pendientes de los acuerdos celebrados entre la alianza Cambiemos y el FMI. Y ciertamente, si el país se encuentra en una virtual cesación de pagos, con mercados de crédito cerrados, rechazar un crédito ya otorgado podría parecer extraño, más aún con todo lo que se especuló sobre si el FMI otorgaría o no el préstamo comprometido para septiembre pasado, por 5.400 millones de dólares, cosa que finalmente no hizo.
Pero lo cierto es que el planteo de Fernández va mucho más allá: su objetivo será reducir al mínimo el vínculo con el FMI, para lo cual la negativa a aceptar el desembolso será la primer acción concreta que evidencie la toma de distancia con el organismo multilateral. Se sabe, los créditos del FMI pueden ser bajos en relación a su tasa de interés, pero son onerosos en los requerimientos de política económica, basados en sus demandas de ajuste fiscal primario (no financiero, el cual se vincula con el cumplimiento del pago de la deuda pública), para lo cual habitualmente se exigen recortes hacia los segmentos más vulnerables de la sociedad, como ser jubilados, beneficiarios de planes sociales, y trabajadores, en este último caso mediante la pérdida de derechos laborales.
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Esta política, plenamente compartida por el gobierno saliente, fue la causa por la que el país redujo su economía en alrededor de un 6 por ciento durante la gestión macrista, pues el 73 por ciento de la misma se mueve gracias al consumo privado, es decir los productos y servicios adquiridos por trabajadores, jubilados, y beneficiarios de planes sociales, quienes vieron reducido su poder adquisitivo en un 18 por ciento durante la gestión macrista. Si además tenemos en cuenta que, anualmente, la población crece aproximadamente un 1,5 por ciento, se entienden mejor estos años de crisis: hubo menos para repartir entre más.
Alberto Férnandez siempre fue claro en este punto: para honrar sus deudas, los países deben primero crecer, como forma de ampliar su recaudación tributaria, algo que resulta imposible con las recetas del FMI, pues en su diseño socioeconómico, la recaudación aumenta no por el desarrollo productivo sino quitándoles parte de los ingresos a la población. Fue lo que sucedió en estos años, donde la sociedad ajustó su consumo, con lo que se deprimió la economía y la recaudación fiscal, en un espiral siempre vicioso, pues a menor consumo, mayor desempleo por la imposibilidad de vender productos y servicios, y menos consumo aún a causa de los nuevos desempleados.
En consecuencia, desligarse del FMI resulta un aspecto nodal para retomar la senda del crecimiento, mediante políticas que estimulen el consumo interno a través de la mejora en salarios y jubilaciones, las cuales, ya afirmó Fernandez, se financiarán a través de una mayor presión impositiva a los grandes ganadores del macrismo, como fueron las finanzas, los agroexportadores, y las energéticas (aunque existen dudas en este último sector por la decisión de impulsar la zona de Vaca Muerta). El pago de los vencimientos de la deuda pública, por su parte, irán por la vía de la renegociación.
Y si de apostar nuevamente a la senda del desarrollo se trata, nada mejor que comenzar una separación en buenos términos del FMI, es decir no dejando de pagar, o por lo menos renegociando, los compromisos asumidos por un gobierno democrático, los cuales vencen mayormente entre 2022 y 2023, sino cuidando que los 12.400 millones dólares del FMI no se vayan por la cantera de la fuga, tal como ocurrió con los 44.300 millones prestados durante el último año y medio.
Queda por ver cual será la respuesta del FMI. Como se planteó en una pasada columna, el objetivo de este organismo es vulnerar la soberanía en materia económica de los países periféricos antes que ayudar al desarrollo de los mismos. Pero no les será sencillo ir contra un presidente que demuestra que vela por los recursos de este organismo, en lugar de utilizarlos para enriquecer aún más al sector financiero y la oligarquía argentina, tal como fue el modus operandi durante el macrismo.