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En aquel decreto de necesidad de urgencia impulsado por Macri en mayo de 2013 y ratificado por la Legislatura porteña un mes después, se establece que "las instalaciones de medios de comunicación ubicadas en el territorio de la Ciudad necesarias para la difusión de información, opiniones o ideas, mediante cualquier soporte o modalidad de información, no podrán ser clausuradas ni sus equipos decomisados por la administración pública salvo mediante orden judicial que se encuentre firme".
Además, en contraposición con lo que esta tarde hizo el gobierno porteño, en ese mismo decreto, que rige hasta hoy en toda la Ciudad, deja expresamente prohibida la suspensión, interrumpida, demorada ni dificultada de la actividad profesional de los periodistas, productores y editores que registren domicilio en la Ciudad, o ejerzan sus actividades en la misma".
Sin embargo, dos años más tarde y luego que el Grupo Clarín pudiera obtener una nueva medida cautelar en beneficio de sus intereses corporativos, el gobierno porteño violó su propias reglas.
El decreto de Macri, que violó su propio gobierno:
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