Claudio Bonadio pidió información para investigar el proceso de licitación del Paseo del Bajo

El juez Claudio Bonadio emitió una orden de presentación para que la empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) presente la información correspondiente al proceso de licitación del Paseo del Bajo para corroborar si el Gobierno porteño entregó, de forma irregular, la obra más cara de la ciudad a IECSA.

De este modo, tarde, el juez analizará el procedimiento por el cual se decidió qué empresas iban a ser adjudicatarias de suntuosas licitaciones. IECSA fue beneficiada con el tramo C de la obra por el que se presupuestaron 4480 millones de pesos pero la empresa lo cotizó en 3183 millones, un 29% menos de lo que el Estado estimó que valía la obra. Sin embargo, como denunció El Destape en octubre del año pasado, no se trató de un buen gesto del primo del Presidente sino de una maniobra para hacerse de un contrato que tendrá redeterminaciones de precios y ajuste por inflación, según denunció Cecilia Segura Rattagan, presidenta de la Auditoría porteña.

La denuncia fue realizada por la Auditoría General de la Ciudad a través de una presentación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que encabeza Sergio Rodríguez. Allí se buscó determinar si cambiaron el orden de apretura de sobres para beneficiar a IECSA al sacarle los competidores.

Para lograr la maniobra, fue clave la Circular Sin Consulta N 7 de AUSA, una sociedad anónima cuyo principal accionista es el Gobierno porteño, y lo que hizo fue fundamental para beneficiar a Calcaterra y Marcelo Mindlin.

Como reveló Ari Lijalad en El Destape el año pasado, el Paseo del Bajo tiene tres tramos, A, B y C, que se licitaron por separado. El pliego de la licitación establecía dos cuestiones centrales. Una, que la empresa que ganara un tramo no podía competir en los otros. Dos, que los tramos se licitarían del más caro al más barato. El orden quedaba C-B-A. Primero el C, con un presupuesto estimado de 4.480 millones de pesos; segundo el B, de 2.350 millones; y tercero el A, por 1.870 millones. Estas dos condiciones tenían un objetivo: que se licite primero el tramo más caro y gane la oferta de menor valor. O sea, beneficiar al Estado. Lo que hizo la Circular Sin Consulta N 7, el 3 de noviembre de 2016, fue anular ese orden. ¿El objetivo? Que IECSA se quede con el tramo C despejándole el camino de competidores a los cuales se les dieron tramos más baratos. A los pocos días de emitida la Circular, el 29 de diciembre, le adjudicaron a IECSA el tramo C por más de 3.000 millones de pesos.

El otro actor principal de esta maniobra es Corsan Corviam, empresa española que desde 2004 forma parte del grupo Isolux. “Fue de público conocimiento que Isolux hacía presentaciones hostiles en todos los tramos, es decir que hacía ofertas muy bajas”, dijo Segura Rattagan, presidenta de la Auditoría porteña, a este medio. Si mantenían el orden del pliego, el tramo C primero, se la hubiera quedado Isolux y ya no podía participar de los demás.

Al invertir el orden, en el tramo A, Corsan Corviam (Isolux) ofertó 1.547 millones de pesos, un 13% menos del presupuesto estimado. IECSA, por su parte, ofertó 1.627 millones, un 17% menos. Todas las demás ofertas estuvieron por encima del presupuesto estimado por AUSA. Por ende, el tramo A quedó para Isolux y así no pudo participar del tramo C.

Cuando se abrieron los sobres del tramo C, la oferta más baja era la de IECSA, que ofreció 3.183 millones de pesos, un 29% menos de lo que el Estado estimó que valía la obra y la licitación quedó en manos de la empresa del primo del Presidente.