El delito de trata de personas, en lo que compete a la explotación laboral como sexual, es una de las temáticas más difíciles de develar. Sin embargo, en base a diferentes denuncias y causas judiciales, fue posible delinear un mapa que puso en evidencia la lógica de estos espacios así como los lugares en los que funcionan.
En la Ciudad de Buenos Aires, los talleres clandestinos y prostíbulos se concentran principalmente en la zona sur y centro de la Capital Federal, respectivamente, según reveló un informe con estadísticas sobre trata de personas de la Fiscalía Penal Federal 6, al que accedió El Destape. El tránsito constante de personas es uno de los factores fundamentales a la hora de ejercer la explotación sexual de personas.
El estudio, que comprendió el análisis de 40 casos ocurridos entre junio de 2017 y mayo de 2018, reveló 27 supuestos delitos de trata con fines de explotación sexual y 13 casos de explotación laboral en talleres y verdulerías.
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En el marco de esas causas, se investigaron 31 domicilios de la Ciudad, entre talleres clandestinos o espacios “privados”, bares, whiskerías o prostíbulos públicos donde se ejerce la prostitución. Según el mapa elaborado en base a ello, la Fiscalía de Federico Delgado concluyó que la mayoría de los prostíbulos se ubican en el centro porteño, con mayor tránsito de personas, y los talleres clandestinos en barrios como Flores, Floresta y Liniers, en la periferia de la Capital Federal.
“En promedio hay 3000 talleres en la Ciudad, a 10 personas por taller”, explicó Lucas Schaerer, miembro de La Alameda, a El Destape. Con esta tercerización servil, las grandes marcas incurren en un delito contra la “ley de trata, reducción a servidumbre, no pagan cargas sociales”, además “de los incendios: en 2015 murieron dos chicos en Flores y en 2006 murieron siete personas en Caballito”, detalló.
En base a ello, desde esa organización concordaron con el informe judicial en cuanto a la distribución de la explotación por zona. Según un informe elaborado por La Alameda en febrero de 2017 – y con valores que se mantuvieron estables a lo largo de los años -, a los 3000 talleres clandestinos, de explotación laboral, se le suma un total de 558 prostíbulos distribuidos en toda la Ciudad.
Los talleres clandestinos se ubican en zonas más periféricas mientras que los prostíbulos están en lugares de alto tránsito, como el centro porteño, en las comunas 1, 2 y 3 o algunos puntos nodales como estaciones del ferrocarril Sarmiento hacia zona oeste y bocas del subte. De este modo, San Nicolás aparece como el barrio con mayor cantidad de prostíbulos de la Capital Federal, seguido de Retiro, Balvanera, Recoleta y Flores.
Como evidencia el mapa elaborado por la fiscalía de Delgado, la mayor concentración de prostíbulos se encuentra en el centro porteño, en zonas con alto tránsito de personas, en bocas de subte, de trabajo, oficinas o, incluso, comisarías.
Las comisarías que registraron más existencias de prostíbulos, indica el informe, fueron las 38, de Flores, la 15 de Retiro, la 34 y 44 con un total de 13 domicilios investigados en sus alrededores. La comisaría 42, en tanto, registró dos domicilios vinclados a talleres textiles y en las ex comisarías n° 10, 13, 38, 43, 48 y 50 se hallaron un domicilio en cada caso. Siempre en base a datos de la Fiscalía 6, que es la que elaboró el informe, cuando en la Ciudad intervienen otras once ficalías más.
Esta situación también fue evidenciada por La Alameda y su relevamiento. Según sus datos, 292 prostíbulos, más de la mitad de los que hay en la Ciudad, están a menos de 500 metros de una comisaría. La 15, de Retiro, es la que encabeza el ranking de este informe con 67 prostíbulos en un radio de cinco cuadras.
La dificultad de la investigación
En el período analizado por la Fiscalía Penal Federal 6 se abrieron dos investigaciones preliminares y se intervino en 38 causas penales, de las cuales 14 fueron archivadas por no corroborarse la causa delictiva, 14 fueron remitidas a otras sedes judiciales por incompetencia y 10 continúan en trámite. De esas últimas, el 60% de los domicilios fueron allanados.
Uno de los graves inconvenientes del sistema de investigación judicial está vinculado con la tramitación de varias causas dentro de un mismo fuero, en las cuales se investigan los mismos prostíbulos. Esto es así porque las denuncias se renuevan constantemente y “los cierres suelen ser momentáneos” durante la investigación penal, por lo que “vuelven a funcionar” y “alimenta la nueva denuncia de distintos actores que en general se realizan de manera anónima”.
Desde La Alameda aseguraron que “el nivel de archivo es altísimo” además de la cantidad de discusiones en torno a la competencia de la causa: “si es ley de profilaxis, trata, ley de acá, de allá. La cosa es no actuar”, dijo Schaerer.
Al respecto, el referente de La Alameda denunció que otro problema del proceso de investigación es que no hay una Policía judicial en la Argentina. La fuerza de seguridad “depende del Ejecutivo y nosotros proponemos que haya una Policía judicial, que los que instruyan la causa sean efectivamente el Juez y el Fiscal”. Sin embargo, “eso no ocurre, quienes llevan la causa son las fuerzas de seguridad que van al territorio”, por lo que “el policía llega al taller o prostíbulo y dice "está cerrado", o lo allanan a las 10 de la mañana y obvio que no encuentran nada”.
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El recorrido judicial de las causas que lograron avanzar no es rápido ni mucho menos sencillo. Desde La Alameda, el primer caso contra trata de personas en un taller clandestino se comenzó en 2004. #Hellas y luego #Stravos, nombres que escondían un prostíbulo, fueron espacios ubicados de forma lindera a la comisaría 40 y fue el único caso en el país que llegó a juicio oral, pero recién en 2013. “Tardamos once años”, explicó Schaerer. Su dueño, Gabriel Nicolás Athanassopoulos, fue condenado a cuatro años de cárcel por explotar a mujeres durante 10 años.
El referente de La Alameda explicó, como detalló el informe judicial, que, mientras se desarrolló el proceso, “los tipos seguían, en el mismo inmueble, con otra maquinaria provocando el mismo delito”. Para cortar con ese circuito, la Justicia debería decomisar bienes así los explotadores no tienen “más maquinaria o el inmueble para seguir sometiendo mujeres y niños. Y ahí está la complicidad, la corrupción”.
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