En el país había 80 centros de atención locales (CAL) para personas con discapacidad, pero el Gobierno dejó de pagar los alquiles y quedaron sólo 20. Los trabajadores, especializados en la temática, fueron trasladados a la órbita de la ANSES para realizar cualquier tipo de tareas, por fuera de su temática, y no se sabe cuál será su destino laboral cuando sus contratos venzan a fin de año.
Los CAL son oficinas abiertas en las provincias dedicadas a la atención de personas con discapacidad para realizar trámites de inicio de pensiones, armar el expediente y enviarlo a Buenos Aires. Las dependencias eran ocupadas por personal especializado, que ahora fue enviado a trabajar a oficinas de la ANSES. En total, son 140 agentes cuyos contratos vencerán a fin de año y nadie sabe qué pasará con ellos a futuro ya que, pese para trabajar para el organismo mencionado, están contratados formalmente por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), explicó a El Destape Eugenio Reatti, ex director nacional de pensiones entre 2011 y 2015.
El cierre de 60 CAL, que perjudica a quienes deben y necesitan iniciar el trámite, fue producto de la falta de pago del alquiler por parte del Gobierno, mediante la ANDIS, lo que dejó una importante deuda que se deberá afrontar a futuro. Ésto fue desmentido y negado por Marcos Peña, jefe de Gabinete, en el último informe que envió al Congreso de la Nación. Puntualmente, detalló que "no existen deudas de alquileres, impuestos y servicios correspondientes a CAL", lo cual fue rebatido por Reatti en base a información oficial.
Según pudo saber este medio, los locales cerrados se extienden por todo el país y acumulan una deuda total de $1.874.425, con pagos pendientes desde agosto de 2017, como caso más extremo. En tanto, los CAL abiertos también mantienen compromisos impagos por $563.200. En total, el Estado dejó de pagar $2.437.625 para mantener abiertos los centros de atención para personas con discapacidad en todo el país.
Un sistema a la deriva
La falta de pago de los alquileres de los CAL no es el único problema que se debe enfrentar. Al abrir el paraguas y ampliar la problemática a todo lo que refiere a pensiones no contributivas (PNC), el monto asignado en el proyecto del Presupuesto 2020 prevé una disminución del 10% en relación a la cantidad de personas que deben cobrar este subsidio. Además, se estipula un aumento del 38% frente a una inflación del 55%. Una pérdida por donde se lo mire.
El presupuesto es asignado por la cantidad de pensiones a abonar y eso fue lo que se recortó en un 10%, tal como explicó Reatti a El Destape. En base a números oficiales, en 2015 hubo 1.100.000 pensiones y actualmente hay 1.000.000. En lo que hace a asignaciones para madres con siete hijos, hace cuatro años había 330.000 y actualmente se contabilizan 300.000.
Las personas que cobran pensiones no contributivas las necesitan para vivir. Quienes la perciben por invalidez, no pueden trabajar y es imprescindible esta ayuda del Estado. Con el último aumento, a partir de diciembre van a cobrar $9.500 pero hasta ahora estaban estaban cobrando $9.000. De todos modos, cada pensión es un mundo y los montos varían según la situación de cada persona.
Las trabas, el cierre de oficinas para hacer trámites, la digitalización de los mismos (pese a que muchas zonas no tienen acceso a Internet y no pueden hacer los papeles) obliga a muchas personas a desistir y abandonar la travesía para obtener lo que les corresponde. De hecho, hay 130 mil trámites en espera y sin resolver: 25 mil corresponden a 2016; 40 mil a 2017; 37 mil a 2018 y 13 mil a lo que va del 2019. El hecho de no poder acceder a una PNC no sólo les impide tener un ingreso económico, sino que también les quita la posibilidad de tener una obra social, tan necesaria para este grupo.
Además de las bajas por las dificultades, este Gobierno ha cesanteado masivamente a los beneficiarios de PNC sin un derecho a la defensa, lo que terminó en innumerables reclamos judiciales. En 2016 se dieron 66 mil bajas y sólo rehabilitaron 3.166. En 2017, en tanto, hubo 90 mil y sólo volvieron a dar de alta a 43 mil. Ahora la Corte Suprema deberá resolver las medidas cautelares ganadas sobre este asunto, lo que obligará a hacer un cálculo millonario para la ejecución de la sentencia y la forma de pago. "Una bomba de tiempo que le dejan al próximo Gobierno", aseguró Reatti a este medio.
Desafíos a futuro
Reatti aseguró que las pensiones no contributivas no deben ser sólo un trámite para alcanzar el dinero, sino que el titular del derecho y su grupo familiar deben tener el acompañamiento del Estado como población vulnerable que son.
No sólo quedará resolver un mecanismo para rehabilitar las miles PNC dadas de baja por esta gestión y solucionar las 130 mil solicitudes en espera, sino que también habrá que recuperar las CAL perdidas con personal especializado, reducir los tiempos de tramitación para lograr avanzar con las altas y permitir que el nuevo sistema de gestión digital pueda convivir con el antiguo en papel, para aquellos sectores que no tienen las herramientas necesarias para aplicarlo.
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