El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó a 25 imputados, entre ellos a María Alejandra Bonafini, hija de Hebe de Bonafini, así como a ex intendentes y ex gobernadores en la investigación por presuntos delitos en la construcción de viviendas sociales del programa "Sueños Compartidos".
Mediante dos resoluciones, el juez sobreseyó por un lado a la hija de Hebe de Bonafini, quien por el mismo hecho está camino a juicio oral y público, en tanto que en otra dispuso desvincular a ex gobernadores y ex intendentes de distintas provincias y localidades al concluir que no cometieron delito al firmar los convenios para la construcción de viviendas.
El juez sobreseyó a Gerardo Zamora, Jorge Capitanich, Maurice Closs, Darío Giustozzi, Miguel Lifschitz, Alejandro Granados y José Benítez.
Todos ellos tenían falta de mérito y ahora el magistrado los sobreseyó al considerar que "los fondos comprometidos provenían del Estado Nacional y desde la Secretaría de Obras Públicas se les requería a las jurisdicciones locales la contratación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo como condición excluyente para su asignación", según se sostuvo en el fallo.
"Las provincias y municipios fueron relegados en este aspecto a un rol inerte", dijo el magistrado quien evaluó que la "suscripción de los convenios de obras adjudicadas en forma directa a la Fundación, circunstancia que permitió que los (hermanos Sergio y Pablo) Schoklender", como apoderados, "manejaran la suma de 748.719.414,64 de pesos" de los cuales, según la acusación, se habrían desviado "206.438.454,05 de su destino específico".
Sobre el rol de María Alejandra Bonafini, la ex ministra de Economía Felisa Miceli y la ex pareja de Sergio Schoklender, Viviana Sala, el magistrado determinó que "no existe indicio alguno que permita suponer que los imputados cuya situación aquí nos ocupa hayan tenido un rol protagónico en la maniobra o en la dirección de las empresas con las cuales se vincularon algunos de ellos y que fueron utilizadas para perpetrarla".
La prueba sobre ellos "no resulta de relevancia ni determinante para responsabilizarlos por los hechos", agregó en su decisión que firmó el pasado 23 de diciembre.
"Las personas sobre las cuales versa este resolutorio, más allá de los cargos societarios que supieron ostentar o la labor que se les asignó dentro de la propia Fundación Madres de Plaza de Mayo, no pueden por sí ser prueba irrefutable de su conocimiento acerca de la maniobra que llevaron adelante quienes hoy enfrentan un juicio oral", concluyó el magistrado.
Es que la causa en gran parte está en etapa de juicio oral y público a la espera de comienzo del mismo.
Ese tramo tiene como acusados a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender; a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y a los ex funcionarios Julio De Vido, José López y Abel Fatala, entre muchos otros imputados.
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