La ex presidenta Cristina Kirchner presentó un escrito ante el juez federal Claudio Bonadio en el cual no se opuso a que la causa de los cuadernos pase a la instancia de juicio oral y público.
Ante el pedido de consulta que hizo el magistrado para ver si restaba alguna medida de prueba, el abogado de la senadora nacional y precandidata a vicepresidenta, Carlos Beraldi, mostró su conformidad para que el expediente pase a un tribunal oral, aunque se despachó con duras críticas a Bonadio.
En ese marco, cuestionó el modo en que se llevó adelante la investigación y confió en que en el juicio oral se podrá demostrar la inocencia de su defendida, que está acusada de liderar una asociación ilícita que cobró sobornos.
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En el escrito realizado por los abogados, Beraldi expresa: "Ante la ausencia manifiesta de un órgano jurisdiccional que en esta instancia pueda reparar" la cadena de "ilicitudes" que se llevaron adelante en el expediente, la defensa entendió que era "imprescindible" pasar al juicio oral para reclamar allí, "una vez más, el restablecimiento de los principios constitucionales que hacen al debido proceso legal, del que deben gozar todos los habitantes de la Nación, sin excepción alguna".
Beraldi agrega: "En condiciones normales, la posibilidad de que estas actuaciones pudieran ser elevadas a juicio, en términos jurídicos, resultaría absurda. Ello así, pues todo lo actuado es insanablemente nulo, al haberse vulnerado todas y cada una de las garantías previstas en la Constitución Nacional”.
El repaso de la causa
El abogado de la ex Presidenta hizo un repaso de toda la causa y ratificó las irregularidades del proceso judicial.
De esta manera, Carlos Beraldi expresó: "La causa se inició a partir de un supuesto elemento de prueba obtenido por medios ilegales: los presuntos cuadernos del chofer Oscar Centeno", afirmó. "Según fue informado, estas presuntas anotaciones habrían sido sustraídas a su titular por el ex sargento de la Policía Federal Argentina, Jorge Bacigalupo, para luego ser entregadas al periodista Diego Cabot" y luego, "el juez y el fiscal llevaron a cabo una inequívoca maniobra de forum shopping para retener la causa sin practicar el sorteo correspondiente, en contra de lo previsto en la ley vigente", invocando "un presupuesto totalmente falso, esto es, una presunta conexidad con la causa del Gas Licuado".
"Los supuestos cuadernos nunca aparecieron y sólo obra en la causa lo que serían fotocopias de los mismos", se señaló. "Insólitamente, el juez y el fiscal habrían tenido noticias de estos supuestos cuadernos desde marzo del año 2018 y pese a tratarse de una prueba básica, recién fueron a buscarla cinco meses más tarde -junto con Oscar Centeno-, cuando el proceso había tomado estado público" y se habían ordenado las detenciones de ex funcionarios y empresarios.
Fue entonces, se añadió, cuando "Centeno habría confesado que incineró los supuestos cuadernos en la parrilla de su casa, no obstante lo cual pasó a ser considerado por los instructores como un importante colaborador en la búsqueda de la verdad".
Y agregó: “Se realizaron detenciones arbitrarias a mansalva y se efectuó una aplicación totalmente ilegítima de la ley 27.304, la cual terminó siendo utilizada como un medio coactivo no sólo para arrancar supuestas confesiones a los imputados, sino también para manipular sus dichos, siempre en una misma dirección: imputar, como sea y por cualquier delito, a mi representada", afirmó la defensa de Fernández de Kirchner. "Así, decenas de imputados fueron colocados ante la siguiente disyuntiva: o reconocían la comisión de supuestos delitos, vinculando a la ex Presidente de la Nación con los mismos, o serían privados de su libertad por un lapso indefinido", sostuvo.
Beraldi manifestó que "en un pícaro intento por no dejar rastros de estos atropellos, de manera deliberada se omitió obtener registros audiovisuales de estos actos procesales, vulnerando la clara disposición prevista en el artículo 6 de la ley 27.304″, pero "como la mentira tiene patas cortas quedó expuesto públicamente que las actas que documentaron las supuestas declaraciones de los arrepentidos no eran un fiel reflejo de las mismas".
Y citó a "prestigiosos abogados defensores que actúan en la causa e incluso el dueño de un importante medio periodístico", pero afirmó que "la reacción no fue otra que la de bloquear la posibilidad de que potenciales testigos de estas ilicitudes prestaran declaración, fabricándose una falsa imputación de que todo esto era una maniobra para que el titular de este Juzgado fuera despojado de la causa".
Para finalizar, añadió el defensor, "en otro capítulo de la saga de ensañamientos protagonizados en este proceso se allanaron distintos domicilios de mi representada, se destrozaron paredes y expresamente se incumplieron las directivas del Senado de la Nación sobre la manera en que debían desarrollarse estos procedimientos".