La Cámara Federal rechazó el pedido de nulidad en la causa del Correo Argentino y dejó al borde del procesamiento a Oscar Aguad. Así, la Sala II de ese tribunal, integrada por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, le dio aval y avanza el caso donde está imputado hasta Mauricio Macri.
Por el caso ya fueron indagados el ministro de Defensa y ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, un funcionario y dos abogados de la firma Correo Argentino SA, que perteneció a la familia del jefe de Estado. Los Macri intentaron condonar la deuda estimada en 70 mil millones de pesos que tenían con el Estado con el aval del Presidente, de apellido Macri y nombre Mauricio. La Cámara Federal respaldó así la investigación penal del juez federal Ariel Lijo sobre este caso y a los involucrados ahora les queda ir a Casación.
El Destape se comunicó con Oscar Aguad y el ministro no quiso hacer declaraciones sobre el fallo de la Cámara Federal. "No estoy dando entrevistas a medios por ningún motivo", afirmó.
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Los involucrados son los abogados Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher, de la firma Correo, y Juan Manuel Mocoroa, director de asuntos jurídicos del ex Ministerio de Comunicaciones.
Según Irurzun y Bruglia, "se confirmó el rechazo del planteo hecho por los defensores de Jaime Cibils Robirosa, Jaime Leonardo Kleidermacher, Oscar Raúl Aguad y Juan Manuel Mocoroa de que se declare por vía de excepción de falta de acción la inexistencia de delito en la causa, donde se investiga a representantes de la empresa Correo Argentino SA y del Ministerio de Comunicaciones, por una propuesta de acuerdo originalmente aceptada ante la justicia comercial, en el marco del concurso preventivo de la firma mencionada".
En esa línea, afirmaron los jueces: "La Sala aplicó reiterada y pacífica la jurisprudencia según la cual la excepción de falta de acción por inexistencia de delito -de creación pretoriana- sólo procede en tanto y en cuanto ello luzca manifiesto y recordó que ese tipo de planteos sólo son viables cuando la falta de correspondencia de lo narrado en la denuncia con alguna figura delictiva resulte en forma palmaria de la mera descripción efectuada en el acto promotor". Y sumaron: "Resaltaron los jueces que si la cuestión requiere debate alguno sobre aspectos subjetivos, hechos controvertidos o producción de prueba, la vía es inadecuada, como en este caso".
Como conclusión central, dijeron: “Se puede concluir que a esta altura del proceso existen versiones y pretensiones contrapuestas, cuyo tenor requerirá de la producción de los estudios correspondientes con miras a contestar los interrogantes planteados a raíz de las posiciones de las partes sobre los puntos en debate, para luego expedirse en alguno de los sentidos que prevé la ley”.
Por último, destacaron que “el acusador efectuó un relato de los hechos y de las pruebas colectadas, valorando la participación que en ellos tuvieron -a su entender- los investigados". Por lo que advirtieron que "más allá del acierto o no del criterio allí expuesto, la sanción de carácter restrictivo propuesta deviene improcedente”.
EL PLAN DE MACRI PARA IRSE SIN PAGAR LA DEUDA
Hace días, El Destape publicó el plan de Mauricio Macri para dejar la Casa Rosada sin resolver la causa que más le preocupa: Correo Argentino. Para eso, desplegó un plan de pasos sincronizados, una jugada a varias bandas que incluye el traslado de la fiscala Gabriela Boquin a partir de una denuncia falsa, la aceptación por parte del Estado de la última propuesta de la familia Macri de pagar una ínfima parte de su deuda y la unificación de demandas por más de 4.500 millones de pesos de los Macri contra el Estado en un juez amigo.
Las etapas del plan, en forma cronológica, revelan que los movimientos no son aislados sino que existe una estrategia ejecutada con precisión para que la familia presidencial quede liberada de la deuda que arrastran desde el 2002 y que Macri intentó (e intenta) condonar. La fiscala Boquin fue quien frustró la maniobra que implicaba la condonación de 70.000 millones de pesos y su traslado fuera de la Fiscalía General de la Cámara Comercial es clave para los intereses de Macri. Con Boquin en su cargo, buena parte del plan se cae. Por eso reactivaron una denuncia por supuesto maltrato laboral de dos ex trabajadoras de su fiscalía. En el expediente de esas denuncias, sin embargo, constan mails, mensajes de Whastapp y documentación que desmiente la versión de las denunciantes y muestran que el único objetivo de la maniobra es lograr el traslado de Boquin.
En cuanto a sus juicios contra el Estado, en los que reclaman más de 4.500 millones, los Macri depositan sus esperanzas en unificarlos en el despacho del juez Enrique Valerio Lavié Pico, tal como reveló El Destape.
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