El partido bonaerense de Castelli puede convertirse esta semana en el primer municipio argentino en imponer una tasa extraordinaria a las principales fortunas para solventar el costo de la pandemia de coronavirus. El miércoles se hará efectivo el pago, por única vez, de un impuesto a los terratenientes locales, segmentado por el tamaño de sus haciendas, con el que se costeará la construcción de un pabellón que duplicará la capacidad hospitalaria del distrito. La medida es observada atentamente por otros distritos de la zona, que evalúan avanzar con una decisión similar. Sin embargo, una maniobra de dos juezas vinculadas a Juntos por el Cambio y la Sociedad Rural busca evitar que se efectivice el tributo.
El recurso de amparo fue iniciado por un productor alcanzado por la tasa, de nombre Federico Manuel De Nobili. El expediente se inició en el fuero Civil y Comercial en lugar del Contencioso Administrativo, ámbito natural para cuestiones de esa índole, y se presentó en el juzgado número 2 de Dolores a cargo de la jueza Daniela Galdos, dueña ella misma de campos y miembro del activismo rural de la zona. Un típico caso de forum shopping. El municipio recusó a Galdos, pero la magistrada rechazó la impugnación considerando que como las tierras que posee no se encuentran en el mismo distrito, no corre peligro su imparcialidad.
La jueza no remitió el incidente a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, como establece la ley, sino que lo mantuvo en el ámbito Civil y Comercial, donde la decisión sobre su continuidad al frente de la causa recayó en otra jueza con intereses agrícolas, María Rosa Dabadie, que confirmó lo resuelto en primera instancia. En Castelli sospechan que De Nobili, Galdos y Dabadie decidieron que la causa quede en sus manos para bloquear el impuesto extraordinario a las principales fortunas, no solamente en ese municipio sino en otros donde están esperando a ver la resolución judicial de este caso antes de avanzar con proyectos en el mismo sentido.
La suspicacia aumenta al salir a la luz otro episodio. En el año 2016, Galdos recibió un expediente por daños y perjuicios en el que el acusado era Manuel Eduardo De Nobili, padre del que ahora presentó el amparo. En aquella ocasión, la jueza resolvió excusarse de intervenir en la causa alegando que De Nobili (padre) fue el médico pediatra de sus hijos y que “en el círculo de amistades compartidas y ámbito-social familiar se tiene con el demandado y su familia un trato frecuente”, algo que impide “el juzgamiento (...) con la objetividad e imparcialidad que la cuestión requiere”. Curiosamente, en esta ocasión, Galdos no considera que la amistad con la familia del amparista ponga en riesgo su objetividad.
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El municipio de Castelli le iniciará un juri de enjuiciamiento para destituir a la jueza por considerar que cometió una falta grave y va a pedirle a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que la suspenda provisoriamente por arbitrariedad manifiesta. Consideran que el caso es un ensayo de laboratorio sobre lo que podría pasar en el país si se aprueba un impuesto extraordinario a las grandes fortunas. En el gobierno nacional comparten la inquietud: saben que una iniciativa en ese sentido pasará por el Congreso pero corre peligro en el filtro de los Tribunales. También allí puede haber conflicto de intereses: muchos jueces federales amasaron fortunas millonarias a lo largo de sus carreras.
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