La exdiputada macrista y actual titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, enfrentó este miércoles su primera declaración indagatoria. Fue ante el juez federal Luis Rodríguez, quien la acusa de “encubrir” el accionar del entonces ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, sobre quien pesa una imputación de incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber sido accionista de Shell y, a la vez, haber favorecido desde la cartera que conducía a esa misma petrolera.
Concretamente, el magistrado le imputa a Laura Alonso haber actuado “con abuso de autoridad y violando los deberes y funciones que le comprendían en razón del cargo detentado, al dar una apariencia de legalidad y cobertura al actuar al Ing. Juan José Aranguren como Ministro de Energía y Minería”. “Todo ello en miras de ayudar al nombrado a eludir las acciones de la oficina a su cargo en torno al conflicto de intereses que registraba, como así también las investigaciones judiciales en razón a la posible comisión de distinta conductas delictivas que se encontraban vinculadas al ejercicio de la función pública” de Aranguren en la cartera energética, añadió el titular del juzgado federal Nº 9.
Entre otras cosas, Rodríguez le recrimina a la titular de la OA “no haber evaluado y controlado el contenido de la declaración jurada” que Aranguren emitiera ante la dependencia a su cargo el 16 de febrero d 2016 “y de la cual surgiera manifiesto el conflicto de intereses existente entre el nombrado y el grupo empresario Shell”.
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El magistrado también le achaca que una vez realizada la denuncia contra Aranguren por parte de dos diputados nacionales, “soslayó deliberadamente analizar acabadamente la actividad de Juan José Aranguren en el Minsiterio de Energía y Minería”. Todo esto “en detrimento de los intereses del Estado”.
Una vez ante el juez, Alonso se negó a declarar y presentó un escrito en el que sostuvo que no encubrió una infracción de Aranguren ni omitió actuación alguna en la OA. Intentó explicar que la denuncia contra el ministro se dio justo cuando estaban analizando su declaración jurada.
Para disimular su inacción, afirmó que “la falta de iniciación de oficio del expediente no se produjo como consecuencia de una omisión, sino simplemente porque la denuncia fue recibida en forma casi simultánea a que comenzaran a estudiarse las declaraciones juradas de los nuevos funcionarios”.
Entre otras cosas, la funcionaria remarcó que en el expediente interno que impulsó la OA se concluyó que el entonces “no había incurrido en una infracción a la Ley de Ética en el ejercicio de la función pública (Ley 25.188), destacando que no surgía su intervención en los expedientes promovidos por Shelll ante el Ministerio de Energía y Minería ni en las operaciones de compra de gas oil a STUSCO”. Una visión un tanto particular. Estamos hablando de un ministro que era accionista de una de las empresas que actuaba bajo su área de supervisión: la energética. De hecho, la OA le sugirió que se desprenda de los títulos, sugerencia que motivó la decisión de Aranguren de desprenderse de los papeles.
Otro pasaje curioso de la presentación de Alonso, quien se negó a responder preguntas (esta en su derecho) fue su visión del conflicto de intereses.
Para la titular de la OA “el conflicto de intereses no es en sí mismo una situación irregular o intrínsecamente negativa”. Y desarrolló: “Pero si se presenta el caso, el funcionario deberá obrar de acuerdo a las directrices impuestas por las normas correspondientes. Es que si el hecho de corrupción implica privilegiar el interés privado por sobre el público, y el conflicto de intereses es la situación objetiva en la que se encuentra el funcionario que realiza dicha elección, eliminar o gestionar este último (prohibiendo la realización de ciertas actividades o limitando la toma de decisiones) reducirá el riesgo de que se cometa un hecho ilícito, evitando el consiguiente perjuicio para el Estado y la ciudadanía”.
Los especialistas consultados por El Destape rechazan esta interpretación. Y dan un argumento muy simple para sostener que es una situación irregular: “Por eso es que cuando se detecta un conflicto de intereses hay que hacerlo cesar”. Sin ir más lejos, es considerado la “llave de entrada” a distintos delitos.
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