A dos años de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, su familia sigue exigiendo que se sepa la verdad, que se investigue qué sucedió el 1 de agosto de 2017 cuando en un operativo ilegal de Gendarmería el joven artesano desapareció y su cuerpo fue encontrado 77 días después en el Río Chubut. Cientos de preguntas aún quedan sin responder mientras que el Estado y la Justicia se complotan para que gane la impunidad.
En noviembre de 2018, el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, decidió cerrar la investigación y concluyó en que no hubo desaparición forzoda y que “nadie fue penalmente responsable de su muerte”. Además, decidió sobreseer al gendarme Emmanuel Echazú, único acusado. En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo premió ascendiéndolo de rango.
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“Los hechos que se presentaron en el presente caso, no constituyen delito. Nadie forzó la desaparición de Santiago Andrés Maldonado. Nadie resultó señalado, por la prueba que se colectó como autor de aquella hipótesis delictiva. Nadie fue penalmente responsable de su muerte”, concluyó el magistrado en su resolución.
No obstante, varias preguntas quedaron sin responder y que dan cuenta de la inacción del juez para no investigar a fondo qué sucedió el 1 de agosto de 2017 y qué pasó con Santiago Maldonado.
“No se hizo ninguna investigación hasta que apareció el cuerpo de Santiago”, aclaró la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, a El Destape y detalló las irregularidades que existen en la causa y en la decisión que tomó el magistrado de archivarla.
Un día después de que apareció el cuerpo, el 18 de octubre, la letrada se presentó en el juzgado y le pidió a Lleral que fueran hasta el Río Chubut para reconstruir los hechos. “Me presenté ese día a las 8 de la mañana, le pedí que fuéramos, que reconstruyamos los hechos en el lugar donde se había encontrado el cuerpo para ver si era posible que el cuerpo hubiera estado allí todo ese tiempo y el juez se negó”, recordó la defensora e indicó que la reconstrucción se realizó “el 11 de diciembre cuando las condiciones eran totalmente diferentes”.
El pretexto del magistrado para no ir en ese momento fue que “como el día anterior hubo disturbios, que en realidad fueron provocados por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, que se presentó cuando se encontró el cuerpo después de haber ofendido a la familia y a la comunidad Mapuche”.
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Desde ese momento, las irregularidades aumentaron: “Lleral se negó a citar a declarar a las personas que habíamos propuesto, convocó a una audiencia testimonial a Lucas Pilquimán, quien había sido la última persona que estuvo con Santiago, y nos impidió que estuviéramos en esa audiencia que era relevante. El juez garantizó que no pudiéramos estar y no sabemos si la persona que declaró es Lucas o no, no pudimos constatar lo que dijo. No peritaron los billetes que Santiago tenía en su bolsillo pero sí el DNI que es de plástico y no se degrada, por el contrario, resiste y es un absurdo que digan que como el DNI se pudo mantener 78 días en el agua en esas condiciones, el cuerpo también”.
“No nos dieron ninguna explicación de porqué no peritaron los billetes. Todas las preguntas que hicimos en relación a la autopsia, nunca las respondió. Nunca nos dijo por qué se negó a reconstruir los hechos o por qué no quiso peritar la fogata que hicieron los Gendarmes en el territorio Mapuche”, completó.
Tampoco se encontró la mochila y el celular que Santiago tenía el día que desapareció como así tampoco, el magistrado investigó por qué “en el operativo que hizo Otranto con 400 efectivos el 18 de septiembre en el Río Chubut no se encontró el cuerpo”. El lugar donde fue encontrado fue rastrillado en tres ocasiones y nunca se pudo hallar ni una pista.
“Había más de 400 personas en ese lugar, era imposible no verlo. Entonces, nadie preguntó por qué no encontraron el cuerpo, o por que no estaba o no se quiso encontrar o algo pasó”, inquirió la letrada.
Y sentenció: “El fallo es tan absurdo que no va a resistir ningún tipo de apelación y la Cámara de Comodoro no va a poder sostener este fallo”.
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Ante este contexto de inacción por parte del Poder Judicial y de complicidad por parte del Estado, la familia de Maldonado recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por el momento, se encuentran a la espera de una respuesta.
“Esta causa se va a desarchivar porque es un absurdo esta resolución, carece de todo sustento legal y fáctico. Nosotros queremos saber quiénes son los responsables materiales e intelectuales de la desaparición y muerte de Santiago”, concluyó.