Dos sacerdotes a cargo del Instituto religioso Próvolo fueron condenados a prisión en una causa histórica en Mendoza: Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (61). Además, el tribunal penal colegiado número 2 le otorgó al empleado Armando Gómez (51) una pena de 18 años.
Fueron condenados por cometer 25 hechos de abuso sexual simple, agravado y corrupción de menores entre 2007 y 2016, cuando los 11 denunciantes tenían entre 4 y 17 años. Este es el primer fallo de una investigación que inició en 2016 tras el testimonio de una de las sobrevivientes.
“Estamos conformes con la sentencia en líneas generales. Esperamos la respuesta de la iglesia católica que está denunciada penalmente y hasta ahora se ha llamado al silencio”, dijo Sergio Salinas uno de los abogados querellantes miembro de Asociación Xumek.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
La sentencia de este lunes fue sobre la principal causa del Próvolo, otras dos se definirán en 2020. La Justicia deberá emitir condena sobre la monja Kosaka Kumiko, imputada por abusos sexuales y por participación primaria; y en otro expediente en relación a Graciela Pascual, ex apoderada y Asunción Martínez, monja, cocinera y psicóloga, por presunto encubrimiento.
“Es un alivio para nuestro corazón. Fueron tres años muy difíciles, luchando día a día para llegar a esto. Que el mundo se contagie de esta justicia que se ha iniciado aquí en Mendoza”, dijo Ariel, en representación de Padres Autoconvocados.
El Instituto Próvolo fundado en Verona (Italia) en 1895 enfrenta así su primera sentencia condenatoria, debido a que otras denuncias en Italia y La Plata no prosperaron.
MÁS INFO
A los tres condenados de este lunes se suma el ex monaguillo Jorge Bordón dentro de la primera causa, quien fue castigado a 10 años luego de admitir su participación en 11 delitos sexuales contra cinco menores hipoacúsicos.
Los aberrantes acontecimientos fueron perpetrados en el Instituto ubicado en Carrodilla, Luján-ahora sede municipal- que funcionó por 18 años. Vale destacar que algunos niños sordos asistían al colegio de manera transitoria, y otros se albergaban allí.
Visiblemente emocionado, el fiscal Gustavo Stroppiana declaró: “Hemos acompañado a las víctimas desde el minuto cero y desde lo personal es imposible abstraerse”, sumó “muy lejos de estar contentos, estamos satisfechos. Si esto sirve para que más hechos de esta característica se investiguen, me parece perfecto”.
El juicio había comenzado el 5 de agosto de este año, fue sin la presencia de la prensa y con intérpretes de Lenguaje de Señas en el reciento. Sobre este desempeño se refirió otro de los abogados, Oscar Barrera “el trabajo de los intérpretes fue fundamental. Es el único carril por el que las personas sordas pueden expresarse. El compromiso de ellos es conmovedor. Fueron cuestionados y denunciados injustamente e hicieron un trabajo excelente de todas maneras”.
El representante de los sobrevivientes cerró diciendo: “Creemos que en la defensa existe una falta de perspectiva absoluta en cuanto a la discapacidad y esto tiene que corregirse en el poder judicial”.
*Mayra Jelvez es corresponsal de El Destape en Mendoza.
Cerrar sesión