La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentó un escrito ante el juez Gustavo Lleral para adherir a su pedido de que sean enviadas a su juzgado todas las causas vinculadas a la Pu Lof con el presunto objetivo de entender los ataques previos de la GNA hacia la Pu Lof. La APDH realizó dicha presentación bajo la hipótesis de que la GNA buscó generar las condiciones de la “flagrancia” para luego reprimir, situación que terminó con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
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El 31 de julio, Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad (cargo que fue reestructurado a Coordinador General) habló por teléfono con Guido Otranto para avisarle que las fuerzas federales actuarían sin su orden judicial, bajo la teoría de la flagrancia. El juez ya había emitido una orden para desalojar la ruta nacional 40 pero aun así Noceti le manifestó cuál sería la nueva doctrina para Gendarmería. Desde un día antes de la desaparición, seguida de muerte de Santiago Maldonado, tanto el juez como el Poder Ejecutivo sabían que las fuerzas federales avanzarían contra la Pu Lof en resistencia Cushamen a como dé lugar.
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