La familia Maldonado sigue batallando en los tribunales para encontrar Justicia por Santiago. Con el inicio del año judicial acudirá a la Cámara Federal de Casación Penal para pedir que se aparte al juez Gustavo Lleral, quien fue designado otra vez al frente de la investigación por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. La máxima instancia penal del país también debe resolver un recurso que presentó la familia el pasado 30 de diciembre para llegar a la Corte Suprema de Justicia. En esa presentación reclama que se habilite la investigación por la desaparición forzada de Santiago, el joven que apoyaba un reclamo de la comunidad mapuche y desapareció el 1° de agosto de 2017 en el marco de una represión feroz e ilegal de la Gendarmería en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Su cuerpo sin vida se halló en el río 78 días después del operativo que realizó la fuerza que estaba bajo el mando de la ministra Patricia Bullrich, De no obtener resultados positivos, la abogada Verónica Heredia aseguró a El Destape que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Un juez cuestionado
En la actualidad, la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado se debate en las instancias más altas del Poder Judicial. Ocurre que Lleral, el segundo magistrado que recibió el expediente (el primero había sido Guido Otranto), había cerrado la pesquisa luego de que apareciera el cuerpo del joven y se inhibió de intervenir cuando sus superiores ordenaron reabrir el caso. Incluso aceptó la recusación de los familiares cuando la causa volvió por tercera vez a su despacho (Lleral fue recusado en tres ocasiones por la familia). No obstante, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia (la instancia superior de Lleral) ordenó que sea el mismo magistrado quien siga al frente de la investigación. Esto lleva a la familia Maldonado a pedir a la Cámara Federal de Casación Penal (la máxima instancia penal del país, que revisa lo actuado por todas las cámaras federales) que revea esa resolución. Heredia indicó a este medio que harán la presentación esta semana.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
“Santiago no murió cruzando el río tal como afirmó Lleral el 29 de noviembre de 2018”, aseguró a este medio Verónica Heredia, la abogada de la familia Maldonado. “Para el juez no hubo ninguna persona responsable de nada, no hay delito para investigar y la causa se tiene cerrar”, explicó la letrada.
Heredia indicó que la afirmación de Lleral se funda en tres ejes, hoy cuestionados: las pericias que realizó la Policía Federal, la autopsia y el testimonio de Lucas Pilquiman.
1- “Lleral sostiene que en función de las pericias realizadas (la de los celulares en los gendarmes y de los automóviles de la fuerza, entre otras) no se encuentra ningún dato que pueda involucrar a un gendarme ni antes ni durante ni después de la desaparición de Santiago y su aparición sin vida. Todas esas pericias las hizo la Policía Federal, que también dependía en última instancia, al igual que la Gendarmería, de la ministra Patricia Bullrich”, indicó Heredia. Por lo que ponen en duda su credibilidad.
La abogada sumó como argumento para rever todo lo actuado las declaraciones de la actual ministra de Seguridad, Sabina Fréderic, quien dijo que se deben revisar los protocolos de actuación de todas las fuerzas bajo su órbita. Como ejemplo, Heredia resaltó que “el juez Otranto (el primero que tuvo la causa) llamaba al jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, para decirle que iba a peritar los vehículos de la Gendarmería”. “Todo eso está cuestionado”, resaltó la abogada de la familia Maldonado.
2- “El segundo punto sobre el que se basa Lleral es la autopsia, hoy cuestionada por seis jueces”, añadió Heredia en diálogo con este medio. La referencia es a los tres jueces de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y a los tres de la Casación Penal que intervinieron en el caso. “Los jueces de la Cámara de Comodoro Rivadavia sostuvieron el 5 de septiembre de 2019 que hay muchos datos oscuros en la autopsia y que existen contradicciones. Por ejemplo, pidieron ampliar los puntos de pericia y solicitaron que algunas de las peritas que intervinieron en ese informe presten declaración testimonial para esclarecer sus afirmaciones”, añadió la letrada. Heredio recordó que una vez que se conoció el resultado de la autopsia, de la que participaron 22 peritos y que concluyó que la causa de la muerte fue “ahogamiento”, realizó un cuestionario con preguntas para que se aclaren pasajes que entendía poco claros: “Lleral me rechazó todos esos puntos”. Entre otras cosas, la familia destaca que no hay fecha precisa de muerte y “si no sabemos cuándo falleció Santiago no podemos saber cómo murió”. En esa línea, Heredia destacó lo que manifestaron los tres jueces de la Casación Penal que intervinieron en la causa: Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, quienes “reafirman las dudas en torno a la autopsia”. “Hornos, entre otras cosas, dice que no se puede descartar ninguna hipótesis y que la posibilidad de la desaparición forzada de muerte debe ser investigada”, destacó la letrada.
“Esa hipótesis es la que sostiene la familia. Y por eso presentamos, el 30 de diciembre, un recurso extraordinario para que sea revisado por la Corte Suprema de Justicia. Si la Corte no nos habilita la investigación por la desaparición forzada, vamos a ampliarla ante al CIDH”, explicó la representante legal. El recurso debe ser habilitado por la Cámara de Casación, que aún no se expidió sobre el tema.
3- “El tercer punto es el testimonio de Lucas Pilquiman, que dice que fue el último que vio con vida a Santiago y que no había gendarmes cerca. Esa declaración la impugnamos porque la tomó Lleral sólo y no nos avisó. Esa declaración estuvo repleta de irregularidades y las cámaras indicarom que debe tomarse de nuevo. No se respetaron las garantías del debido proceso. Ni siquiera sabemos quién es Lucas Pilquiman. Y dudamos de quién fue la persona a quien Lleral le tomó testimonio en 2017”, enfatizó Heredia.
Por todas estas razones, para la familia Maldonado Lleral no puede ser quien siga a cargo del caso y cuestiona la decisión que tomó Javier Leal de Ibarra, presidente de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, quien fue el que resolvió que Lleral siga al frente de la pesquisa. Leal de Ibarra es subdirector de la oficina de escuchas (Dajudeco), órgano que quedó muy cuestionado por la realización y difusión de escuchas ilegales que hubo durante el macrismo. Una de las víctimas de las escuchas ilegales fue Sergio Maldonado.
“Nosotros vamos a presentar esta semana un recurso de Casación contra la resolución de Leal de Ibarra. Porque es absurda”, adelantó Heredia. “Lleral sigue sosteniendo lo mismo que cuando cerró el caso por lo tanto hay que preguntarse si es posible que obliguen a un juez a ser juez cuando dice que no va a cambiar su postura”, agregó la letrada.
Desaparición forzada
En pos de saber qué pasó con Santiago, su familia reclama que se inicie “una investigación imparcial por desaparición forzada seguida de muerte”. Fundamentalmente, porque el cuerpo de Santiago se encontró recién 78 días después de su desaparición y luego de que se rastrillara en varias ocasiones el río donde fue hallado. “¿Por qué nadie lo vio si siempre estuvo allí?”, se pregunta con lógica la familia. Si no obtiene respuestas en la justicia argentina acudirá a los tribunales internacionales.
A su vez, cuestiona que la pesquisa la lleven “las mismas fuerzas de seguridad que dependen de la misma estructura jerárquica, es decir, el Ministerio de Seguridad: la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura”. “Para que sea imparcial el investigador debe estar fuera de la estructura a investigar”, sostiene Heredia. Y cita como ejemplo de su desconfianza: “La Prefectura pasó por el mismo lugar donde se encontró el cuerpo en tres ocasiones y tardó 78 días en hallarlo. ¿Por qué esa fuerza no encontró a Santiago antes si en teoría el cuerpo siempre estuvo en el mismo lugar?”.
Por eso la familia pide que intervenga un grupo de expertos.
“Necesitamos de gente que sepa lo que es una desaparición forzada en democracia y sepa investigar este delito que es complejo”, explica la abogada. “Es importnte que el grupo sepa escuchar a la comunidad originaria mapuche que fueron los últimos que estuvieron con Santiago. Hasta ahora la comunidad mapuche fue criminalizada. Debemos generar el espacio para tomar esos testimonios de la comunidad mapuche”, considera.
Para la familia también hay que investigar el papel que desempeñó el Ministerio Público Fiscal, “que pareció actuar como abogados de la Gendarmería”. Además del rol que tuvo el primer juez del caso, Guido Otranto. Y del ministerio de Seguridad, que debiera hacer una investigación interna profunda para saber qué se hizo y por qué se hizo.
“Sigue pasando el tiempo y el tiempo atenta contra la verdad”, concluye Heredia, a la espera de definiciones que permitan reimpulsar la investigación.
Cerrar sesión