Caso Correo Argentino: el peritaje que la AGN ignoró y complica a Macri

El Gobierno redobló sus maniobras para encubrir a Mauricio Macri en el escándalo de Correo Argentino, y logró que la Auditoría General de la Nación (AGN) ignore los peritajes que complican la situación del presidente. El Destape accedió a los informes que recibió la AGN de parte de dos consultores externos y que, a pesar de que fue el mismo organismo el que los contrató, decidió ignorar.

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El origen del escándalo del Correo es la aceptación de parte del Gobierno de una propuesta de la familia Macri que implicaba una quita del 98,82% de la deuda que acumulan desde finales de los 90. La condonación superaba los 70.000 millones de pesos. Este nuevo peritaje reafirma que esa propuesta de la familia Macri era “abusiva”, que no hay ningún documento que justifique esa aceptación, que el Gobierno ni siquiera le pidió a los Macri que resignaran sus juicios contra el Estado, que toda esta causa es “irregular y atípica” y que la actitud del Gobierno no tuvo nada que ver con el interés público. En síntesis, que Macri estuvo de ambos lados del mostrador y que quiso beneficiar a su familia en detrimento del Estado.

La intervención de la AGN fue una iniciativa del Gobierno. A los pocos días de que se conociera este escándalo, allá por febrero de 2016, el Jefe de Gabinete Marcos Peña afirmó: “Se solicitará un veredicto técnico a la Auditoría General de la Nación antes de suscribir una postura definitiva". Tras una reticencia inicial de la AGN, el organismo inició la auditoría. Para esto contrató a dos expertos para un peritaje externo. Se trata de Horacio Garaguso y Javier Fernández Moores. El primero fue propuesto por el kirchnerista Juan Ignacio Forlón. El segundo, por el massista Gabriel Mihura Estrada. Los dos expertos coincidieron en los resultados del peritaje, algo poco habitual en casos tan complejos como el del Correo. Menos habitual es, sin embargo, que la AGN decidiera descartar sus aportes. Las razones son obvias: desmienten el relato M del caso Correo.

Calculalo como quieras

La fiscal Gabriela Boquin, en su rechazo al acuerdo entre la familia Macri y el Gobierno de Macri, demostró que se trataba de una quita del 98,82% de la deuda y que, dado que los Macri querían pagar en cómodas cuotas hasta el 2033, esto implicaba una condonación de más de 70.000 millones de pesos. Los fundamentos de esos números constan en el expediente. Tomaron en cuenta que el concurso preventivo de Correo Argentino databa del 19 de septiembre de 2001 y utilizaron la tasa activa mensual del Banco Nación a esa fecha, que era del 1,46%.

Estos números fueron el eje de las críticas a Boquin, pero los expertos Garaguso y Fernández Moores no sólo avalan su trabajo y su calificación de “abusiva” a la propuesta de los Macri. También muestras que, haciendo el cálculo en base a otros criterios, las quitas también son alevosas.

En su informe, los peritos muestran que, calculando por índices de inflación del INDEC, la quita sería del 89,9%; por índices de inflación privados del 95,12%; por las tasas activas históricas sin capitalizar del 78,14%; por las tasas activas reales capitalizadas anualmente del 95,89%; por la variación del dólar del 93,75%. Visto al revés, los Macri sólo pagarían un mínimo del 4,11% y un máximo del 21,86% de la deuda, según cómo quieran calcularlo. “Ahora bien -afirman los expertos-, como el pago no es hoy, sino que será en 17 años (1 de espera, quince de cuotas progresivas y una para los intereses), cada porcentaje se volvería a reducir en una proporción parecida y daría porcentajes muy bajos, abonando los cálculos de la señora Agente Fiscal”. En la propuesta que frenó la fiscala Boquin, que avalan los peritos, los Macri querían pagar el 1,18% de su deuda.

“Los cálculos (...) demuestran claramente la abusividad de la propuesta. Y si se trata de una propuesta predatoria que reduce el derecho del acreedor de forma tal que el mismo va a percibir a la postre menos del 1% de su crédito y tras casi una década y media de espera, no se advierte cual es el interés del acreedor en votar favorablemente la misma. Obviamente que no se trata del interés público”, resumen Garaguso y Fernández Moores. Y dan en la tecla: se trata del interés de la familia presidencial.

Abusiva

“CONCLUSION: la aceptación de la propuesta abusiva NO HA RESGUARDADO LOS DERECHOS DEL ESTADO, por el contrario los ha perjudicado”. Estas líneas, con las mayúsculas en el original, llevan la firma de los peritos Garaguso y Fernandez Moores.

Hace unas semanas, el Gobierno decidió filtrar al diario La Nación el informe final de la AGN que debería tomar en cuenta este peritaje. El título de la nota revela la operación: “Guiño de la Auditoría al Gobierno en el caso del Correo Argentino”. El dictamen de mayoría de la AGN lo firmaron su presidente Oscar Lamberto junto al massista Mihura Estada, el siempre-operador-oficialista judicial Javier Fernández y los radicales Alejandro Nieva y Jesus Rodríguez. Los otros dos auditores, María Graciela De La Rosa y Juan Ignacio Forlon, lo rechazaron. Según citó La Nación, el informe de la AGN sostuvo: “en todo trabajo de auditoría es fundamental precisar cuál es la materia auditable. En este sentido, un proceso concursal queda fuera de la competencia de la AGN porque se trata de un acuerdo entre privados. Tampoco es materia auditable la valorización de activos y pasivos que están sujetos a las reglas concursales. La AGN no debe opinar sobre la razonabilidad de propuestas rechazadas o retiradas en el marco de una negociación concursal bajo la tutela de un juez”. En criollo, no quisieron opinar sobre el eje central: que Macri le quiso condonar a su familia más de 70.000 millones de pesos. El informe fue remitido a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, pero al día de hoy los miembros de esa comisión no tienen acceso a su contenido. El presidente de la Comisión, el macrista Álvaro Gonzalez, lo tiene bajo siete llaves.

Hace unos días, el mismo diario La Nación se contradijo e informó que la AGN ignoró un informe crítico. Es el informe al cuál accedió El Destape, y que revela mucho más de lo que publicó el matutino de los Mitre-Saguier.

El peritaje analiza las propuestas que hicieron los Macri desde el 2003, y sentencia: “La calidad de las propuestas rechazadas por el estado nacional eran ABSOLUTAMENTE PERJUDICIALES para los intereses fiscales pues tenían fuertes quitas”. Las mayúsculas son del original. También hacen un recorrido por todas las irregularidades del concurso de acreedores de Correo Argentino, que lleva más de 15 años. Lo califican como “irregular y atípico trámite”.

Para los Macri, una cuestión fundamental son los intereses, ya que su cálculo implica miles de millones de pesos. Los peritos recuerdan la prohibición legal de indexar deudas, pero también que existe jurisprudencia que marca que “el deudor está en la obligación de pagar el interés moratorio a fin de que el pago siga siendo de por lo menos del 40% del capital prometido”. La cita es de la Corte Suprema, en la causa Arcangel Maggio. La propuesta de la familia Macri que aceptó el Gobierno de Macri estaba bien lejos del 40%. Era del 1,18% en el peor de los cálculos, del 21,86% en el mejor.

En el peritaje consta que “la propuesta no incluye el pago de los intereses desde la fecha de la presentación, con lo cual no se cumplen los recaudos de la jurisprudencia mencionada en el apartado anterior, y lleva a conclusión que de ningún modo puede interpretarse que se ofrece el pago del 100% del crédito sino un porcentaje muy inferior que dependerá de las tasas de cálculo pero que en el mejor de los casos podría representar el 20% del crédito (o sea que la quita sería superior al 80% del crédito)”.

Mal negocio (para el Estado)

Los peritajes a los cuales accedió El Destape advierten además que la propuesta que hicieron los Macri no decía nada de los reclamos de la familia presidencial contra el Estado. Peor aún: Garaguso y Fernéndez Moores recalcan que el Gobierno no negoció que los Macri dieran de baja sus reclamos contra el Estado como condición para aceptar su propuesta. Remarcan a su vez la contradicción de que los Macri le reclaman al Estado que les pague con intereses mientras ellos no quieren que se computen. Cobrar mucho y pagar poco es la estrategia de la familia Macri. El perjudicado, el Estado.

“Esta auditoría no ha tenido acceso a información sobre la existencia en el ámbito de la administración de un análisis jurídico-económico de la propuesta y su comparación con la alternativa de la quiebra, que haya dado lugar al acto administrativo antecedente de la aceptación expresada por el representante del Estado Nacional, cuya personería fue admitida por el Tribunal. Tampoco se ha podido acceder a información antecedente de la retractación posterior del Ministro de Comunicaciones ni a las invocadas instrucciones del Presidente de la Nación”, insisten Garaguso y Fernández Moores. En concreto, dicen que no hay registro de que el Estado haya analizado la propuesta que hicieron los Macri. Como ya reveló El Destape, el Gobierno tenía de antemano la propuesta de la familia Macri y coordinaron toda la maniobra en una puesta en escena que fue abortada por la fiscala Boquin.

Los peritos concluyeron que “en la audiencia del 28 de Junio de 2016, el representante del Estado Nacional aprobó una propuesta considerada abusiva por la doctrina y jurisprudencia, sin exhibir acto administrativo previo que lo haya facultado”.

También señalan que el Estado no podía retractarse de la aceptación de la propuesta. No hay foja cero, pese a las curiosas interpretaciones judiciales del presidente. Una mancha más en el manto de irregularidades jurídicas de esta causa.

Los peritos señalan algo más grave: “lo que debió concretar el poder judicial es NEGAR HOMOLOGACION (del acuerdo entre Macri y Macri) EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 52 L.C. Y Q. Y DECLARAR EN FORMA INMEDIATA LA QUIEBRA DE CORREO ARGENTINO S. A”. Es lo mismo que sostuvo el primer juez de esta causa, Eduardo Favier Dubois. La empresa de los Macri tendría que haber quebrado hace más de 15 años. Pero gracias a su poderoso lobby, a la complicidad judicial y de algunos funcionarios públicos manutuvieron viva su empresa y no pagaron un centavo.