Las arbitrariedades de la resolución judicial por la que Amado Boudou quedó detenido en la causa Ciccone, las contradicciones en los argumentos, la afectación de la estricta legalidad y el hecho de que el exvicepresidente no tenía competencias sobre la decisión de la AFIP de brindar un plan de pagos para la empresa Calcográfica son algunos de los pasajes de la presentación realizada por el exjuez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, que se presentó como Amicus Curiae, al igual que el magistrado jubilado Julio Maier, que puso el foco en las declaraciones del arrepentido Alejandro Vanderbroele, clave para esta investigación, según pudo saber El Destape. Ahora, el máximo Tribunal deberá decidir qué hacer con estos argumentos, aunque no tiene fecha para expedirse.
En un escrito de 18 páginas, Zaffaroni dio una clase de derecho penal y puntualizó varias faltas en un debido proceso judicial. El exjuez recordó que la Corte Suprema estableció que los magistrados tienen que fundamentar las decisiones que toman, así como las que excluyen, por lo que le pone límite a la discrecionalidad del juez a la hora de definir sobre los destinos de la persona juzgada. Por lo tanto, se desprende de este razonamiento que el fallo tiene que ser una derivación razonada del derecho vigente, relacionado con los hechos y circunstancias que hayan sido comprobados en la causa.
Lejos de ello, la sentencia por la que se condenó a Boudou a 5 años y 10 meses de prisión, tiene “graves defectos en la valoración de la prueba que la invalidan”, según la doctrina del máximo tribunal en materia de arbitrariedad. Lo mismo ocurrió con la “fundamentación y de razonamiento” que llevan a una reducción de las cualidades positivas del proceso. Zaffaroni detalló que “los magistrados seleccionaron e interpretaron arbitrariamente los hechos y, además, omitieron analizar los elementos del tipo objetivo y subjetivo de una de las calificaciones endilgadas”.
Pero, además de estos defectos, el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal 4, ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal, “llega con contradicciones” a sostener como probado un contexto para, después, afirmar que conforme a ese mismo contexto la conducta sería típica. En base a ello, y tras un extenso análisis, el exjuez de la Corte consideró que la decisión “no cumple acabadamente con las exigencias de fundamentación que impone el ceremonial y deviene arbitraria”, por lo “que corresponde su invalidación”.
Zaffaroni, quien solicitó que se lo acepte como Amicus Curiae, aseguró que la sentencia afecta el principio de estricta legalidad (ya que todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas).
No sólo se afecta en la sentencia el principio de estricta legalidad y máxima taxatividad legal e interpretativa, sostuvo, sino también de valoración de la prueba y puede poner en riesgo al Estado argentino por tratarse de un caso que implica la privación de la libertad del exvicepresidente.
Incompetencias
Esta grave fata del Tribunal y la Cámara se complementa con la falta de competencia funcional que tenía Boudou en otorgarle un plan de facilidad de pagos a Ciccone Calcográfica, como se le atribuye. La conducta que se le apunta al exvicepresidente consiste en rehabilitar y recuperar la empresa mediante injerencias indebidas ante la AFIP para lograr que levantase la quiebra declarada por la Justicia, le diera un plan de facilidades de pagos, interrupir una licitación pública con la Sociedad del Estado Casa de la Moneda para contratar a la ex empresa Ciccone Calcográfica S.A. para la impresión de billetes. Por este hecho, el 3 de octubre de 2018 se estableció la condena citada más una multa de $90.000, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas.
Zaffaroni explicó, detalladamente, que para ver si Boudou estuvo involucrado en el entramado denunciado es necesario saber si la decisión de la AFIP formaba parte de las competencias del exvicepresidente, porque “la negociación incompatible constituye un delito especial propio que sólo puede cometer el funcionario público que tenga competencia en el contrato o negocio en el que intervenga, puesto que no alcanza con la sola condición de funcionario público”, según consta en la presentación a la que tuvo acceso El Destape. O sea, no basta con ser funcionario para ser quien cometió el delito, es necesario tener injerencia sobre la decisión administrativa, en este caso, de AFIP.
Para desentramar este hilo, el magistrado recordó que la AFIP administra su patrimonio, organiza al mismo tiempo que reglamenta su funcionamiento interno, en aspectos estructurales, funcionales y de administración de personal ya que se trata de una entidad descentralizada y autárquica. Por eso, se preguntó: “¿Tenía Boudou competencia funcional en el acto mediante el cual la AFIP dispuso el plan de facilidades de pago otorgado a la entonces Ciccone Calcográfica S.A.?”. La respuesta sorprenderá.
Zaffaroni detalló, en reiteradas ocasiones, que la Administración Federal de Ingresos Públicos es la única que tiene competencias para otorgar las facilidades de pago, por lo que el Ministerio de Economía (en ese entonces encabezado por Boudou) “no tiene facultades siquiera para resolver un recurso jerárquico interpuesto ante la AFIP, sino que en ese caso la competencia corresponde al Tribunal Fiscal de la Nación y a la justicia contencioso administrativa”. Lo mismo con un dictamen de esa cartera a favor de otorgar el plan de regularización de la deuda porque “la Dirección General de Asuntos Jurídicos, aunque orgánicamente se encuentre bajo la órbita del Ministerio de Economía, funcionalmente responde al cuerpo de abogados del estado dependiente de la Procuración del Tesoro de la Nación”.
Por eso, remarcó que la ley de Ética Pública sostiene que “es incompatible con el ejercicio de la función pública “dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades”. Cosa que no ocurrió en el caso de Boudou.
La figura del arrepentido
Julio Maier, jubilado como juez nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, también se presentó como Amicus Curiae e hizo especial hincapié en la figura del arrepentido y cómo este proceso implica una desigualdad entre el acusador y el acusado que quiere recuperar su libertad o tener un mejor trato durante su detención.
Maier definió esta práctica como “’negocios’ sobre la pena (que) no sólo intervienen en la liquidación de las garantías procesales penales defensivas, sino que son realizados en un marco de absoluta desigualdad entre el acusador y el acusado, o entre los tribunales que juzgan y el acusado”. Una desigualdad que está gobernada “por la oportunidad y el valor del “negocio” para los negociantes”.
Por eso, manifestó que esta regla “altera la libertad de defensa que los principios generales del juzgamiento reservan al imputado, conminándolo a confesar —y quizás de deshonrar a otros— bajo la promesa de un trato más benévolo”, ya sea sobre la condena o en un mejor trato durante el procedimiento judicial. Similar a lo que reveló El Destape con el caso del Programa de Protección de Testigos e Imputados, utilizado para armar causas a cambio de beneficios.
Respecto al caso en cuestión, sin dar nombres, recordó que casi al final del juicio “uno de los acusados, como método para “arreglar su vida”, decide confesar por precio y esa confesión —que desconozco si es favorable o desfavorable al recurrente— se negocia ante la fiscalía y el juez de la instrucción, pero repercute en el juicio público, pues allí también el confesante —precisamente— declara y confiesa acerca de los acontecimientos que en ese juicio se valoran”.
El juez analizó, según su criterio, que el tribunal debe anular su sentencia – así como la confirmación de Casación – “y ordenar un nuevo juicio ante un tribunal integrado por otros jueces que deberá sustanciar el ofrecimiento de prueba de la defensa sobre el hecho nuevo producido, antes de dictar sentencia”.
A esto se suma que la condena no tiene sentencia firme, ya que hay más instancias de apelación, por lo que se considera que se trata de una prisión preventiva. Si bien la Corte no tiene fecha para expedirse, la defensa aguardará hasta marzo, la vuelta de la feria judicial, para ver los pasos a seguir sobre la causa Ciccone.
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