La Cámara Federal de Casación Penal envió un duro mensaje al presidente de la Nación, Mauricio Macri, luego de que publicara en el Boletín Oficial la creación de la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, modificando fuertemente el espíritu del actual Programa que depende del Ministerio de Justicia.
Con fecha de hoy, el máximo tribunal penal del país le aseguró al Presidente que el Poder Ejecutivo cuenta con las facultades legislativas necesarias para emitir un decreto de necesidad y urgencia (DNU) pero "bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a estrictas exigencias", remarcaron.
En base a ello, le advirtieron a Macri que un DNU "debe prescindir de la invocación de circunstancias manifiestamente inexistentes o irrazonables", como podría ser el supuesto "peligro" que - argumentan - tendrán los actuales testigos protegidos con el cambio de Gobierno, así como "acreditar que la situación no pueda ser solucionada en un plazo incompatible con el que demanda el trámite legislativo correspondiente, tanto más si median iniciativas con tratamiento parlamentario". Por lo tanto, la modificación debería pasar por el Congreso de la Nación.
Pero, por si fuera poco, remarcaron que un DNU no "debe regular una de las materias expresamente prohibidas constitucionalmente". De este modo, los camaristas Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci, Ana María Figueroa y Ángela Ledesma no solo manifestaron su duda respecto a la aplicabilidad de la norma sino también sobre su constitucionalidad.
Hoy, Macri publicó en el Boletín Oficial la creación de esta agencia, amplió los plazos en los que un testigo puede recibir beneficios económicos de parte del Estado (de 6 a 36 meses) y extendió el "deber de confidencialidad" a todas las personas que integren la Agencia (como hasta ahora ocurría con el Programa) y también quienes estén por fuera de ella.
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