La Cámara Federal de Casación Penal mostró su preocupación por los funcionarios públicos vinculados al D’Alessiogate y advirtió sobre la organización criminal relacionada con agentes de la AFI, legisladores, ministros y periodistas: “Compromete la vigencia del Estado de Derecho y socava el futuro de las instituciones democráticas”. Pudo haber sido el último voto en el caso del camarista Alejandro Slokar, a quien el Gobierno intenta correr. La sala II del máximo tribunal penal del país se manifestó así a la hora de denegar la libertad del exagente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Rolando Barreiro.
Los camaristas Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci y el mentado Slokar, resolvieron el incidente por unanimidad, al rechazar el recurso de casación que había interpuesto la defensa de Barreiro contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. La instancia revisora había confirmado la denegatoria de la excarcelación dispuesta por el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla.
Si bien se trata de un incidente de excarcelación, la Cámara de Casación señaló las distintas actividades de la organización entre las que destacaron “operaciones de investigación criminal, inteligencia y espionaje ilegales, maniobras coactivas, intimidaciones y extorsiones para obtener réditos económicos”.
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Los tres magistrados consideraron que en la causa se habían identificado indicios de riesgos procesales por lo que no corresponde dejar en libertad al procesado Rolo Barreiro. Entre ellos, los vínculos de la banda con funcionarios públicos.
Aunque no fueron mencionados explícitamente en la resolución, además del exagente Barreiro, entre los detenidos del caso se encuentran el exAFI y expolicía bonaerense, Ricardo Bogoliuk, y el excomisario Aníbal Degastaldi. Ambos integraban el núcleo duro del grupo delictivo junto con Marcelo D’Alessio.
También se encuentran acusadas en la causa que se sustancia en Dolores por sus vínculos con la organización las diputadas Elisa Carrió y Paula Oliveto; la dirigente de la Coalición Cívica (y ahora candidata en busca de fueros), Mariana Zuvic; y hasta fue querellado el juez federal Claudio Bonadio. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue apuntada por su relación con D’Alessio: por ejemplo, hay intercambios de mensajes entre el falso abogado y un celular de Bullrich, quien para defenderse dijo que el teléfono donde están los chats lo usaba su nieto para jugar.
Por su parte, el fiscal federal Carlos Stornelli fue declarado en rebeldía por evadir las indagatorias a las que fue citado.
Slokar, quien lideró la votación, se hizo eco de lo sostenido por los magistrados que intervinieron en la causa, y recordó que Barreiro participó como agente de inteligencia en la investigación que involucraba a Ibar Pérez Corradi y que introdujo al espía ilegal Marcelo Sebastián D’Alessio en dicha pesquisa.
El camarista también hizo referencia a las tareas de inteligencia política que se practicaron sobre los periodistas Alejandro Fantino y Romina Manguel, del programa televisivo “Animales Sueltos”, y al caso de Gonzalo Brusa Dovat, a quien se quiso convertir en el “Centeno de PDVSA”. Fue quien resaltó que la organización criminal “compromete la vigencia del Estado de Derecho y socava el futuro de las instituciones democráticas”.
Esta pudo haber sido la última participación de Slokar en el D’Alessiogate, ya que Carrió -imputada en el expediente- pidió que se lo apartara por haberlo denunciado ante el Consejo de la Magistratura antes del inicio de esta causa. Se trata de una maniobra del Gobierno para desplazar de un caso sensible a un juez que considera “molesto”. La decisión sobre su futuro la tienen sus pares, Ledesma y Yacobucci. Se espera que se manifiesten entre hoy y el viernes.
La denuncia y el pedido de desestimación
La legisladora y referente de la Coalición Cívica basó su pedido de apartamiento en una denuncia que realizó contra Slokar, referente de Justicia Legítima, hace casi tres años en el Consejo de la Magistratura. La acusación de la que se tomó “Lilita” fue reflotada en el órgano que selecciona y sanciona magistrados en los últimos días gracias al candidato a vice de Macri, Miguel Ángel Pichetto, y el diputado PRO, Pablo Tonelli, ambos consejeros (el primero ya renunció a ese cargo tras su salto al oficialismo). Ella pudo hacer la presentación porque el juez federal de Dolores la consideró “imputada” en la causa.
Carrió basó su escrito en el incidente de la competencia donde su nombre no aparece. No obstante, citó el artículo 55, inciso 9, del Código Procesal Penal, según el cual un juez debe inhibirse “si antes de comenzar el proceso alguno de los interesados le hubiere promovido juicio político”.
En su descargo Slokar rechazó el planteo de la diputada y citó distintos antecedentes tanto de Casación como la Corte Suprema de Justicia que juegan a su favor. Por ejemplo, el Alto Tribunal consideró “improcedentes las recusaciones fundadas en la mera promoción de un juicio político”.
La denuncia de la diputada se encuentra en la Comisión de Disciplina y Acusación, donde aún no fue analizada por los consejeros. Por lo pronto, Tonelli pidió citar a Slokar en los términos del artículo 20, que es una especie de indagatoria. La propuesta se postergó en dos ocasiones. Este jueves volverá a insistirse con el tema en la reunión del consejo. Pero no será la única propuesta que se presentará sobre la mesa: en el orden día se sumó un nuevo dictamen en el que se reclama la desestimación de la presentación de Carrió. La hizo el oficialista Juan Pablo Más Vélez.
Para el consejero, representante de los abogados, “no surge ninguna irregularidad en la actuación del magistrado cuestionado que configure alguna de las causales de remoción”, algo que había reclamado la cofundadora de Cambiemos, “ni falta disciplinaria alguna” por lo que “corresponde desestimar las presentes actuaciones”.
Si se desestima la denuncia contra Slokar en el consejo (debe aprobarse en comisión y luego en el plenario), el pedido de recusación de Carrió quedaría sin sustento.
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