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Paradójicamente, el dictamen había recibido el apoyo de los diputados de Cambiemos, con la Coalición Cívica incluida, pero también del Frente Renovador, el Bloque Justicialista y el GEN, que quedaron en la incómoda situación de haber respaldado un proyecto que no tenía el pulgar arriba de una referente de la alianza gobernante.
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El polémico proyecto fija un mandato del Procurador de 5 años, renovable por otros 5, cuando en la actualidad es vitalicio. Además, fija amplios poderes a la comisión bicameral de control, ante la cual el titular del MPF deberá rendir cuentas y pedir su aprobación para la designación de fiscales, lo que viola la autonomía funcional del Ministerio Público. Por un acuerdo entre el Gobierno y el massismo, la presidenta de dicha comisión iba a ser Graciela Camaño.
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Asimismo, el proyecto cuenta con omisiones escandalosas, ya que no tiene entre las unidades fiscales especializadas a la UFI AMIA (tiene, en cambio, una unidad especializada en terrorismo) ni a la unidad fiscal dedicada a la violencia de género.
En una carta que envió al presidente de la cámara, Emilio Monzó, Carrió fustigó al proyecto e insistió en que la vía para remover a Gils Carbó es el juicio político. Según informó el diario La Nación, "Lilita" le manifestó al diputado PRO: "Pretende aplicarse (esta reforma) retroactivamente, y con ello lograr la salida en 2017 de la actual procuradora Gils Carbó. Pero aquí debo advertir que no se debe legislar para una persona y que existen procedimientos de remoción también previstos por ley, que pueden y debieran ser llevados adelante en base a numerosas denuncias en contra de la funcionaria por mal desempeño e incluso por la comisión de ilícitos en oportunidad del ejercicio de su cargo".
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Carrió cuestiona, además, el plazo de 5 años, ya que de esta manera la Procuradora, que debería dejar su cargo en agosto del 2017, queda a merced del Presidente de turno, que podría designar a un nuevo procurador ni bien asumir, y ratificarlo en caso de ser reelecto.
Con este nuevo panorama, el proyecto recibirá modificaciones en el recinto para evitar complicaciones judiciales. En los últimos días, las Abuelas de Plaza de Mayo, parte del colectivo Ni Una Menos, familiares de víctimas del atentado a la AMIA y hasta la Asociación de Magistrados (enfrentada a Gils Carbó) expresaron su rechazo al texto de la ley tal como está planteada.
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