“Testear, testear y testear”. Esa es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud a todos los países según las últimas declaraciones que dio su Director General, el etíope Tedros Adhanom en una conferencia de prensa en Ginebra el día de ayer. Además de una campaña efectiva de comunicación y el aislamiento social, identificar los positivos es un paso clave para combatir a la pandemia.
En la Argentina se pasó de realizar cinco pruebas por día, hace menos de tres semanas, cuando el coronavirus era tan solo una amenaza remota, a ciento veinte diarias en la actualidad. El ministerio de Salud está trabajando a contrarreloj para descentralizar la tarea, que por ahora sólo se hace en el Instituto Malbrán, a treinta y cinco laboratorios en todo el país, para multiplicar el procesamiento de análisis.
La capacidad del sistema de salud argentino para confirmar casos sospechosos quedó herida después de cuatro años de gestión neoliberal que achicó personal y recursos, restringiendo su capacidad operativa. En el Malbrán, principal centro de estudios microbiológicos del país, entre 2015 y 2019 el presupuesto se redujo a la mitad: pasó de 519 millones a 917 millones de pesos en un período con inflación acumulada de 300 por ciento.
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Además, la dotación del personal se redujo en más de un diez por ciento. En muchos casos, se trató de profesionales que eligieron seguir su carrera en otro lado, con salarios más altos. Hoy, un técnico en el Malbrán tiene un sueldo inicial de 24 mil pesos, más cerca de caer en la indigencia que de salir de la pobreza, y un profesional arranca en 37 mil pesos y necesita seis años de antigüedad para llegar a los 40 mil de la canasta básica.
Hay un caso que destacan los trabajadores del Instituto como paradigmático de la manera en la que se deterioró su trabajo en los últimos años: una investigadora especialista en virus respiratorios que ingresó en el año 2009, durante la epidemia de H1N1, dejó el Malbrán en diciembre del año pasado, después de una década, porque ganaba más dinero haciendo una guardia semanal en un hospital público.
Desde el comienzo de la pandemia, el equipo de virosis respiratoria hizo frente a los análisis que llegaban, primero de a cinco y cada día en mayor caudal que el anterior. La semana pasada, cuando la cantidad de muestras diaria superaba las sesenta, se encontraron trabajando al límite de su capacidad. A partir de ahí se implementó un cronograma especial para poder dar respuesta a la velocidad necesaria.
Desde este fin de semana, el equipo hace doble turno y permanece en el laboratorio doce horas por día, de lunes a lunes, sin cobrar horas extra. Algunos, incluso, dejaron de asistir a las guardias privadas que realizan en sus francos para hacer una diferencia económica. Con este esfuerzo, llegaron a realizar ciento veinte tests por día, de forma tal que todas las muestras que llegan tienen su resultado en menos de cuarenta y ocho horas.
Reciben, en esa tarea, el apoyo del resto del Instituto Malbrán, que funciona alrededor de lo que sucede en ese laboratorio. Profesionales y técnicos de otras áreas prestan ayuda instrumental. Y hasta las maestras del Jardín Maternal hacen horas extras para quedarse con los chicos: de once integrantes del equipo, nueve son mujeres y asisten con sus hijos e hijas a su lugar de trabajo.
La semana que viene se realizará, por videoconferencia, la capacitación para que se puedan realizar tests en todo el país. Más de 35 instituciones que contarán con la capacidad de procesar las muestras para detectar la presencia de coronavirus, multiplicando la cantidad de pruebas diarias. Eso permitirá ampliar el criterio con el cual se piden los exámenes, tal como pide la OMS. Actualmente, sólo se testea a pacientes con síntomas y nexo epidemiológico.
Ayer, la farmacológica Roche tuvo que interrumpir la venta de reactivos para la prueba de coronavirus, por orden de Anmat. La empresa estaba distribuyendo un producto cuya eficacia aún no fue ratificada por la OMS, que permite su uso para experimentación pero no para su comercialización, por lo que los resultados que arrojan no son concluyentes y no contribuyen a mitigar la pandemia, explicaron fuentes gubernamentales.
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