Las sociedades offshore son aquellas que se encuentran fuera del país o conjunto de países de donde obtienen sus recursos, y directamente no realizan ninguna actividad económica. De hecho, son una figura jurídica que se crean en paraísos fiscales, o guaridas fiscales, para garantizar tres grandes ventajas a sus dueños: protección de sus activos, confidencialidad y privacidad, y ventajas impositivas.
En menos de 24hs se puede crear una offshore en Panamá, Islas Caimán, Bermudas o Gibraltar, por ejemplo, y ahorrar mucho gracias a la evasión fiscal o blanquear dinero de actividades ilegales. ¿Cómo? A través de la manipulación de precios de transferencia (compra y venta entre distintas sucursales de la misma empresa), simulación de préstamos dentro del mismo grupo empresario (aumenta la deuda de una empresa para disminuir la ganancia bruta), pago o regalías entre el mismo grupo, abuso de convenios para evitar doble tributación. O directamente blanqueando dinero de actividades delictivas como trata de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas, corrupción y tráfico de influencias gracias a la opacidad de las mismas y la protección que los paraísos fiscales les otorga.
El Presidente Macri tiene algo de razón al afirmar que tener una offshore no es ilegal. Una offshore es una herramienta y en sí misma no constituye un crimen, pero lavar dinero de actividades ilegales, y evadir impuestos si son delitos. Dicho de otra manera, tener un auto no es delito, pero atropellar y matar personas si lo es.
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Es esperable que el propio Presidente sea quien insista en que no hay ilegalidades, ya que él mismo dispone de empresas offshore (recuerden los Panama Papers) y porque forma parte del modus operandi de Macri. Cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Néstor Grindetti (actual intendente de Lanús) ejercía el poder notarial y cobraba de Mercier International SA, una offshore en Panamá que nunca declaró. Hoy, el ministro de finanzas del gobierno nacional, Luis Caputo admite que administra cuentas offshores e insiste en que no sabía que debía que declararlas. La complicidad de todo el ejecutivo nacional con Caputo indica la existencia de trafico de intereses y corrupción detrás de estas operaciones.
La semana pasada, Caputo fue al Congreso Nacional para supuestamente dar explicaciones sobre el motivo por el cual no incluyó en sus declaraciones jurados como funcionario público nacional la tenencia o gestión de offshores. Sin encontrar las maneras de justificar el delito (mentir en una declaración jurada), intentó instalar dos grandes mentiras: que las offshores son como cajas de seguridad y que ser fiduciario no implica ser dueño de las offshores.
Desmontemos las dos ideas. A diferencia de las offshores, abrir una caja de seguridad en un banco no se puede hacer en menos de 24hs y requiere declarar el nombre y apellido del dueño; a su vez, se debe prestar declaración jurada de que los objetos no provienen de actividades ilícitas, declarar a la AFIP la tenencia y monto los bienes guardados, y sobre todo los banco deben abrirlas en caso de contar con una orden judicial que así lo requiera. Las offshore no disponen de ninguna de estas características.
En segundo lugar, si bien ser “tenedor fiduciario” de una empresa implica gestionarla, está claro que el fiduciario cobra por servicios prestados. Entonces, ¿por qué Caputo no declaró ingresos obtenidos como fiduciario de una offshore? Pero a su vez, la comisión de valores de Estados Unidos (SEC) considera a los fiduciarios como dueños indirectos de las empresas, y Caputo figura directamente como “shareholder” (accionista) al menos hasta noviembre de 2015 en los formularios de la offshore Noctua. Es decir, miente al decir que simplemente gestionaba recursos de otros, y miente al no declarar sus ingresos como gestor.
Las offshore son un problema global. Según un estudio de GFI (Global Financial Integrity), entre 500 mil y 600 mil millones de dólares se pierden en el mundo anualmente por evasión de impuestos. El impuesto que generalmente se evade es el impuesto de sociedades. Pero para América Latina estos círculos de offshore, paraísos fiscales, evasión impositiva significan un freno al desarrollo, en la región la evasión de impuestos duplicó la inversión extranjera directa en 2017 (340 mil millones de evasión vs. 167 mil millones de IED). Y en Argentina, la fuga de capitales se estima que representa el 45% de la economía, del PIB, en el 2017.
Luis Caputo tiene que dimitir. Y se debe avanzar en investigar sobre los impuestos que evadió, la declaraciones juradas donde mintió y las relaciones entre la emisión de deuda pública argentina y los intereses privado que el propio Ministro tiene. La evasión fiscal de las grandes corporaciones y los paraísos fiscales implican directamente el desfinanciamiento de las arcas del estado y el debilitamiento de las funciones del estado del bienestar. Después dicen que el problema es el déficit fiscal (que el estado gasta más de lo que ingresa), cuando el principal problema es que los poderosos no pagan sus impuesto, al contrario lo debilitan endeudándolo y además son sus empresas quien cobran los intereses de pago de deuda. Si esto no es una gran estafa, no sé cómo llamarlo.
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