El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, cuestionó con dureza el autoacuartelamiento impulsado por las fuerzas de seguridad de Caleta Olivia y Río Gallegos, en Santa Cruz, y aseguró que quienes organizan la medida "incurren en el delito de sedición y requieren repudio y condena". Por eso, exigió a los gobernadores no actuar con "medias tintas" y desarrollar tanto acciones "preventivas" como "correctivas".
Desde el día de ayer en Río Gallegos y Caleta Olivia, efectivos policiales se autoacuartelaron en reclamo de un aumento del 25%. Jorge Carrizo, cabo de la policía de Santa Cruz, aseguró que mantendrán la medida de fuerza hasta ser recibidos por el gobernador Daniel Peralta.
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Capitanich, en su habitual conferencia de prensa, precisó que "son 260 efectivos acuartelados sobre un total de casi 5000" y agregó que se trata de "una estrategia golpista, de afrenta a las instituciones de la República y de la democracia y que, por tanto, incurren en el delito de sedición".
Exigió, en este sentido, terminar con "la tendencia a construir apología del delito sistemática" y reclamó no actuar con "medias tintas" contra policías que se acuartelan. El funcionario, visiblemente molesto ante un posible contagio en otras provincias, tal como ocurrió en diciembre pasado, exigió "repudio y condena" para ese accionar".
Recordó que hay una "usina articulada de rumores" que hace "apología del delito" cuando se habla de posibles desmanes a fin de año.
"Es un delito, de sedición y tiene que ser severamente condenada. No se puede admitir medias tintas", enfatizó Capitanich al ser consultado sobre el acuartelamiento de policías en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia. Y subrayó: "Un policía que se autocuartela está delinquiendo y debe ser condenado".
En declaraciones formuladas en la Casa de Gobierno, el funcionario afirmó que las rebeliones policiales de diciembre de 2013 fueron parte de "una estrategia golpista, de golpe institucional, de afrenta a las instituciones de la república y la democracia".
"Esto requiere repudio y condena. Quien porta un arma debe ser salvaguardar la seguridad publica", señaló Capitanich a la vez que afirmó que acciones de ese tipo requieren de una "acción tanto preventivacomo correctiva de los gobiernos provinciales".
En ese sentido, en diálogo con radio Vorterix, afirmó: "Necesitamos una respuesta del señor gobernador para sentarnos a dialogar" y recordó que el último aumento lo recibieron en dos etapas: una a principio del año pasado y otra en julio/agosto de este.
Por su parte, las autoridades provinciales se presentaron ante la Justicia, donde se realizó una denuncia por presunta sedición contra el personal y Gustavo Martínez, el ministro de Gobierno provincial, aseguró que detrás de la protesta hay un"reclamo político interno" y que "el fiscal de estado de la provincia inició las acciones legales bajo el posible delito de sedición y se entregó la nómina del personal autoacuartelado".
Asimismo, en declaraciones a radio La Red, aclaró: "No hay lugar para este tipo de medidas, vamos a ser inflexibles" y sostuvo que el autoacuartelamiento es de "un sector y no de la totalidad" de los policías.
A su vez, confirmó que personal de Prefectura y Gendarmería arribó a las ciudades para cumplir tareas de patrullaje. "Estamos preocupados por la seguridad de la comunidad de Caleta Olivia, de Río Gallegos y de toda la provincia".
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