Canicoba Corral también puso a su cuñado en el SOMU por $150 mil

Lo que comenzó como una denuncia de maltrato laboral y empleo en negro fue creciendo y destapando más ollas en relación a los manejos del Gobierno nacional y la Justicia sobre el SOMU, el gremio intervenido por manejos irregulares. Ahora, se supo que el juez a cargo de la intervención, Rodolfo Canicoba Corral, puso a su cuñado a trabajar en el gremio que fuera conducido por el "Caballo" Suárez.

Esto se sabe pocos días después de conocerse que el ministro de Trabajo pusiera a su ex empleada, Sandra Heredia, a trabajar en el gremio marítimo como así también a su cuñado, Sergio Borsalino. Precisamente, Borsalino fue quien le comunicó a Heredia del despido de todos los puestos de trabajo que tenía vinculados a la familia Triaca.

Según informó el diario La Nación, en una nota firmada por el periodista Iván Ruiz, la intervención del Gobierno en el SOMU aceptó a Sergio Ramiro Tejada como funcionario de ese sindicato, a cambio de un salario mensual de $150 mil.

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En declaraciones a ese medio, el magistrado confirmó la designación y la justificó: "¿Por qué no es ético trabajar con un familiar? Lo propuso la Superintendencia de Salud. Él trabajaba ahí, es un muchacho muy formado y a mí me servía. Necesitaba a una persona de confianza para meterme en esa cueva".

Canicoba Corral es el juez que tuvo a su cargo la investigación por la confesión del "doleiro" (cuevero) Leonardo Meirelles, quien reconoció ante la Justicia brasileña haber transferido unos 800 mil dólares a cuentas del hoy titular de la AFI, Gustavo Arribas, en el marco de la megacausa de corrupción conocida como Lava Jato. Las transferencias fueron realizadas en 2013, cuando se reactivó la operatoria por el soterramiento del Sarmiento. Esa obra pública fue ganada por una UTE compuesta por Odebrecht, una empresa italiana (Ghella) e IECSA, de Ángelo Calcaterra, primo de Macri.

Pese a que Meirelles ratificó sus dichos y aseguró presentar papeles, Canicoba cerró de forma exprés la causa y sobreseyó al jefe de los espías. Esto ocurrió antes del polémico fallo de la Cámara Federal que permitió encarcelar a ex funcionarios por los "contactos residuales" que según los jueces Farah e Irurzun podrían entorpecer la investigación.