Con la inminente resolución de la Corte Suprema este jueves sobre el tarifazo,el Gobierno y sus allegados ya salieron a generar una especie de "campaña del miedo" sobre las consecuencias negativas que generaría su desaprobación por parte del máximo magistrado.
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Desde el ala ministerial del Gobierno de Mauricio Macri, fueron varios los que salieron a aclarar las consecuencias que traería la no aplicación del tarifazo. El más emblemático fue el propio Juan José Aranguren, quien aseguró que de no proseguir con el aumento de más del 1200% para todos los hogares, "los pobres seguirán subsidiando a los más ricos".
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En relación a las familias pobres y los costos de los insumos básicos, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, resaltó que "si la Corte va contra el aumento, se perdería la tarifa social". Sin embargo, de retrotraerse la situación a momento previo al aumento, la tarifa social como tal sería insignificante, ya que el costo sería bajo, debido al subsidio.
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Por su Parte, Alfonso Prat-Gay reconoció que el costo de subsidiar los servicios representan $ 80.000 millones, "es la obra pública de la segunda mitad del año", y dio a entender que si la Justicia frena la suba de tarifas se suspenderá la obra pública en el país por 2016.
En tanto hoy, el gobernador de Corrientes, el radical Ricardo Colombi, declaró que en su provincia la luz se paga entre $2000 y $2500 y "la gente no se queja". En tanto el actual director de YPF, Emilio Apud deslizó que "la única variante a la que pueden recurrir es al endeudamiento". Curiosamente, pese al aumento de las tarifas, el Gobierno no deja de tomar deuda y ya emiitó el equivalente a U$S50 mil millones desde diciembre.
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