Meses después que este medio revelara cientos de correos electrónicos que comprueban el manejo de millones en negro y el desvío de otros tantos de las arcas públicas a Cambiemos, el fiscal Ramiro González decidió abrir una investigación penal contra el partido gobernante para investigar un posible caso de lavado de dinero que involucra de lleno al presidente Mauricio Macri y a su jefe de Gabinete, por entonces jefe de campaña, Marcos Peña.
En septiembre del año pasado, el fiscal con competencia electoral Jorge Di Lello decidió abrir una investigación preliminar para determinar si existieron posibles violaciones a la ley de financiamiento partidario o al Código Penal, por lo que solicitó a El Destape y a los autores de la investigación que prestaran declaración testimonial, y además, acompañaran la misma con el material publicado.
Tras haber completado este paso, Di Lello envió la causa al juzgado de María Servini de Cubría, quien determinó que en la denuncia existían elementos suficientes para considerar la participación del fuero penal, por lo que la causa fue enviada a sorteo, quedando a disposición del fiscal Ramiro González.
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Llegado su turno y con la testimonial del periodista y las pruebas publicadas por El Destape, González decidió abrir la investigación sin determinar imputaciones puntuales por el momento e hizo referencia al informe publicado en este medio: "Amorín explicó que habían podido detectar referencias a pagos en efectivo a proveedores de la campaña presidencial relativa al año 2015 relacionados con distintos actos de Mauricio Macri en diferentes puntos del país, los cuales -al compararlos con el informe de campaña presentado en la Justicia Electoral- se conoció que la mayoría de los gastos a los que se hacía referencia no estaban rendidos o lo estaban por un importe menor. Además, refirió que tuvo acceso a mails y planillas de Excel relativos a diferentes proveedores en los que se podían observar llamativas citas tales como "IVA si corresponde", "pagos cash", etc.".
Por este motivo, el fiscal le solicitó al juez Lijo que le ordene a la Justicia Nacional Electoral los balances en los que consten los estados contables relativos a los gastos de campaña electoral del año 2015 correspondientes a Cambiemos, y también que se le solicite a la Inspección General de Justicia (IGJ) la composición accionaria de tres empresas que fueron proveedoras durante la campaña: CHK Servicios Audiovisuales SRL, CAP Publicidad SRL y Televaz, proveedoras de distintos materiales durante la campaña presidencial, y algunas incluso vinculadas a las fundaciones del PRO que también tuvo oportunidad de investigar el propio Lijo.
Además, González solicitó al gobierno nacional que informe si De Andreis, Luis Navarro, Josefina Liceda Rosasco, Ana Soro, Juan Martín De Estrada, Pia Arrigoni, María Alejandra Alberdi, Ezequiel Lucas Colombo, Leonardo Bellante, Marcos Di Santo, Daniel Tognella e Ileana Mangini, involucrados en la saga de correos donde coordinaban pagos en negro y otros tantos que salían del propio gobierno porteño, pertenecen o han pertenecido a tales administraciones desde 2015 a la actualidad, y en su caso, informen los puestos que ha ocupado y/o cargos que ha ejercido durante el mencionado período de tiempo.
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