El gobierno de Mauricio Macri vuelve a mostrar el respaldo de la embajada de los Estados Unidos a la reforma judicial que pretende ejecutar en el corto plazo. Con la excusa de la puesta en implementación en Salta y Jujuy del nuevo sistema acusatorio, por el cual los fiscales serán quienes tomen el poder de las investigaciones en detrimento de los jueces, este lunes 8 de abril se realiza un seminario financiado por el país norteamericano.
¿Quiénes participarán del evento que se desarrollará en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Salta? El ministro de Justicia y DD.HH, Germán Garavano, el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, el embajador de los EE.UU., Edward Prado, y hasta el fiscal y asesor Legal Regional del Departamento de Justicia para Argentina, Brasil y Paraguay, Everardo Andy Rodríguez, entre otros.
El seminario “Desafíos para la implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación en Salta y Jujuy” fue organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Americas (CEJA), cuyo director ejecutivo es Jaime Arellano. Según explica Arellano en su carta de invitación a los jueces de la máxima instancia penal del país, el encuentro cuenta con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y la Corrupción y con el financiamiento del Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs de EE.UU.
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La convocatoria es a las 16 y el cierre está pautado para las 20.30. Habrá tres paneles: “Planificación de la implementación del CPPF en Argentina: la visión nacional”; “Planificación de la implementación del CPPF en Argentina: comentarios desde la experiencia en América Latina y Estados Unidos”; y un tercero con la visión de los actores locales, de Jujuy y Salta.
El moderador del primer panel del evento será el presidente del Consejo Directivo de CEJA, que es el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Daniel Petrone, quien asumió como camarista durante el macrismo.
Este evento, con el affaire D’Alessio de fondo, se enmarca en el impulso de Cambiemos a la implementación del sistema acusatorio, que altera el poder de los jueces en una causa ya que prioriza la labor de los fiscales, quienes pasan a producir toda la prueba de la investigación. Estos, abrirán, llevarán y cerrarán la pesquisa. El juez avala o rechaza su trabajo. Se trata de un cambio de paradigma que se gestó durante la gestión anterior y que fue readaptado por el macrismo, que le dio total injerencia a los Estados Unidos. La prueba piloto será en Salta y Jujuy pero la intención del Gobierno es desplegarlo por todo el país si es reelecto.
La debilidad del sistema está a la vista: la Procuración General de la Nación -que será la empoderada con el cambio- está a cargo de un interino. Es que desde el apartamiento de Alejandra Gils Carbó de la dirección del Ministerio Público Fiscal, quedó como jefe de los fiscales Eduardo Casal, quien responde a los intereses del Poder Ejecutivo, algo que no debiera sorprender. Al no estar firme en su cargo -carece del respaldo del Congreso, por ejemplo-, Casal está atado a una decisión del presidente. Además, como cabeza del MPF quedó muy expuesto en el “caso Stornelli”.
El titular de la Fiscalía federal N°4 de la Capital Federal, Carlos Stornelli, está imputado y declarado en rebeldía en una causa donde se investiga una red de espionaje ilegal. Las pruebas en su contra que hay en el expediente que tramita en Dolores son contundentes. No obstante, el fiscal del caso de las fotocopias de los cuadernos encontró en Casal a un protector en las sombras, al menos por ahora.
Ante este escenario, la injerencia de los EE.UU. en la política judicial argentina parece cada vez más clara. No es casualidad que Donald Trump haya elegido como embajador a un exjuez con una trayectoria de más de 30 años en el poder judicial norteamericano. El propio Edward Prado no disimiló sus intenciones de intervenir en la política nacional apenas asumió: “Mi intención es continuar trabajando con los abogados y jueces de la Argentina para mejorar el sistema judicial”, dijo.
Muchos dirigentes políticos están muy contentos con esta decisión. Por caso, el intendente de Salta, Gustavo Sáenz, (que estuvo en la reunión que mantuvieron Marcelo D’Alessio con Carlos Stornelli en el balneario CR de Pinamar) aprovechó este lunes la visita de Prado a la provincia y le entregó “las llaves de la ciudad” y lo nombró “Huésped de Honor”. En su cuenta de Twitter, Sáenz escribió: “Conversamos sobre temas de agenda nacional, provincial y municipal. Seguimos trabajando para fortalecer lazos entre ambos países”.
Recordemos que mientras el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, brindaba testimonio en la comisión de Libertad de Expresión el 13 de marzo pasado, en la que expuso ante el Congreso la red de espionaje ilegal que se desplegó en distintos puntos del país, la embajada de EE.UU. -cuya sombra aparece en la causa que investiga el magistrado-, organizó un evento con importantes actores judiciales. Estuvieron presentes en aquel entonces desde la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al mentado Casal y una gran cantidad de fiscales.
Este lunes, el Gobierno mostrará un nuevo gesto de apoyo de la embajada.
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