Desesperado por cerrar el préstamo del FMI lo antes posible, Cambiemos violó múltiples leyes. El Banco Central, incluso, incumplió con su deber de estudiar cómo puede llegar a devolverse el mayor préstamo en la historia de Argentina y también del Fondo.
La ley de administración financiera le exige un dictamen previo a contraer empréstitos externos al BCRA. Los responsables para el caso del organismo multilateral de crédito fueron los ex presidentes de la autoridad monetaria Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris por haber firmado las cartas de intención, pero además todos los integrantes del directorio que por acción u omisión dejaron de lado el armado del estudio.
Ultimado por la Justicia para que exponga el dictamen que tendría que haber redactado, el Central no lo hizo. Sólo entregó una respuesta vaga, pero no la documentación que le fue requerida de forma explícita, lo que da a entender que no existe, a pesar de que estaba obligado.
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Según pudo saber El Destape, el BCRA alegó que "las operaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a diferencia de otras operaciones de endeudamiento externo, son acordadas conjuntamente por el Ministerio de Hacienda de la Nación y el Banco Central. Cabe remarcar que, previo a la firma de la operación en cuestión, esta Institución llevó a cabo conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y el FMI, una evaluación comprensiva de su impacto macroeconómico, incluyendo un análisis de los sectores fiscal, externo y financiero”.
Como consecuencia de esto, planteó, “las cartas de intención enviadas al organismo junto al memorando de políticas económicas y financieras y el memorando de entendimiento técnico, tanto en el mes de junio de 2018 cuanto en el mes de octubre de 2018 fueron firmadas por el ministro de Hacienda y por el presidente del BCRA".
Esta respuesta le fue entregada al Centro Suramericano de Estudios Estratégicos de Integración Financiera (CINFIN) por el amparo que presentó en el tribunal contencioso administrativo federal para acceder a la información que debería tener publicada la entidad que controla la estabilidad monetaria.
De esta manera, evitó entregar el dictamen que da a entender que no redactó pese a que está obligado hacerlo, de acuerdo a la ley de administración financiera (24.156). El artículo 61 especifica que “en los casos que las operaciones de crédito público originen la constitución de deuda pública externa antes de formalizarse el acto respectivo y cualquiera sea el ente del sector público emisor o contratante, deberá emitir opinión el Banco Central sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos”. Es decir, debe planificar cómo se devolverá el préstamo que, en este caso, implicaba nada menos que U$S 50.000 millones en el primer acuerdo.
Esto implica que tanto el presidente de la autoridad monetaria como el directorio hicieron caso omiso a una legislación clara que existe para resguardar la estabilidad de las reservas en el horizonte. La violación pudo haberse debido a la desesperación en la que se encontraba Macri por conseguir fondos para garantizar la continuidad de los pagos a los acreedores y la fuga de capitales, que estuvo en riesgo en el primer semestre de 2018.
Wall Street le había comunicado al Gobierno que dejaba de comprar bonos debido a su ya elevada exposición al riesgo argentino tras el inédito endeudamiento que llevó adelante Cambiemos. No obstante, esto no pudo haber sido una excusa para evadir la ley, nuevamente, ya que como había revelado El Destape, los funcionarios no armaron ningún expediente previo a la rúbrica del préstamo con el Fondo.
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